Las mentiras tienen las patas muy cortas. Y las trampas también. Este Gobierno de tahúres empieza a ver cómo salen los muertos del armario. A los 192 asesinados por los terroristas y al millar y medio de heridos hay que sumar la trapacería con la que se obtuvo la victoria en las urnas. Por vez primera el fantasma de la ilegalidad irrumpe con nitidez sobre el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero.
La Comisión de no-investigación del 11-M, aunque ha decidido su entierro a plazos, debe reabrirse sin falta tras las fiestas navideñas (que para sus señorías finalizan en febrero) y llamar a declarar a Julio Pérez Sanz, al ministro Jesús Caldera y a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Al primero, actual jefe de gabinete del ministro de Trabajo, como responsable de la página web que convocó ilegalmente a los ciudadanos ante las sedes del PP vulnerando la jornada de reflexión y por tanto la liturgia democrática española establecida por nuestras leyes para la celebración de las elecciones. Los entonces jefe y secretaria general del grupo parlamentario socialista, Caldera y de la Vega, deben dar explicaciones sobre lo realizado por Pérez Sanz en Los Genoveses.net con la agravante de que eran sus jefes y le permitieron, fomentaron, indujeron o negligentemente ignoraron, la utilización de un despacho público, pagado con dinero de todos los españoles y ubicado en el recinto que acoge la soberanía popular. No cabe mayor dislate ni mayor vulneración de la legitimidad democrática.
El responsable de todos ellos, José Luis Rodríguez Zapatero mintió a la Comisión cuando aseguró desconocer las manifestaciones ilegales convocadas durante la jornada de reflexión. O mintió Pérez Rubalcaba, cuando en esa jornada aseguró hablar en nombre del secretario general del PSOE, es decir de Zapatero y con el consentimiento de éste.