La semana pasada el secretario de Estado de Economía inició su Road Show presentando, primero en Londres y luego en París, su discurso sobre la economía española ante inversores institucionales, con la intención de devolver la confianza a España. Su exposición fue muy buena, argumentando que la deuda pública española es de la máxima calidad y solvencia y, además, barata. Su esfuerzo no ha caído en saco roto e inmediatamente sirvió para tranquilizar a los mercados financieros. Fiel reflejo de esta hazaña fue el descenso a 80 puntos básicos del diferencial del bono español a 10 años contra el alemán, desde los 100 puntos básicos en que se encontraba; es decir, la percepción de riesgo del país ha mejorado sustancialmente.
No obstante, como bien sabe el secretario de Estado, los inversores institucionales no olvidarán esta presentación y basarán sus expectativas en ella. Todo el que ha pasado por la City londinense y otras plazas financieras haciendo presentaciones sabe que, por muy brillante que sea la exposición, lo verdaderamente importante para la credibilidad de la entidad emisora es que se cumplan las expectativas formadas en el mercado. Y es aquí, en este punto, donde la presentación del secretario de Estado compromete la credibilidad de España. Su presentación fue buena, pero se basó en premisas voluntaristas y, constatando el día a día, poco creíbles.
Vayamos por partes. El secretario del Estado prevé una reducción del déficit público (en relación al PIB) del 11,4% hasta el 3% en el año 2013. En realidad, este objetivo es una exigencia de Bruselas. Pero, ¿es esto viable? Supone erradicar un déficit primario estructural que actualmente se cifra en el 5,6% del PIB. Esta cifra es altísima y requiere un esfuerzo colosal. Pero, de acuerdo con el argumento del Sr. secretario, España alcanzará un ritmo de crecimiento del 3,1% en el año 2013. Ahora bien, si nos fijamos en el crecimiento previsto por el Gobierno para los dos primeros años, éste resulta dos veces más rápido que el previsto por el Fondo Monetario Internacional para el cual nuestra economía caerá otro 0,6% en el año en curso y sólo alcanzará el 0,9% en el 2011.
Podríamos entablar una discusión sobre cuál de los dos tiene razón. Es más, nuestras autoridades españolas aseveran estar en lo cierto, cuestionando al Fondo por no acertar en sus previsiones. Sin embargo, analizando el último dato discutido en el pasado mes de octubre de 2009, el Fondo daba por cierto que España alcanzaría un déficit público en relación al PIB del 12%. En esas mismas fechas, el Gobierno argumentó que no se superaría el 9%, criticando ferozmente al Fondo. Sin embargo, hace unas dos semanas el Gobierno español reconoció su error de cálculo dado que el déficit alcanzó el 11,4%.
En definitiva, volviendo a las previsiones de crecimiento esperadas para el año 2013, si estas no se van cumpliendo se pasará a cuestionar la credibilidad española. Menor credibilidad se traduce en subida de los tipos de interés y en un mayor esfuerzo para cumplir las exigencias de Bruselas para el año 2013. Esfuerzo que en relación al déficit estructural podría superar el 7% del PIB para acomodar las exigencias de la UME, lo que en opinión de este economista, simplemente, no es realista.
El escenario dibujado por el secretario de Estado también supone que la administración central recortará su gasto cerca de 40.000 millones de euros, más allá de lo contemplado en el ya irrelevante presupuesto del año en curso. Se recortarán salarios de los funcionarios y se reducirán las transferencias y los subsidios. Pero lo cierto es que el Gobierno acaba de anunciar que la prestación de 426 euros se ampliará y agraciará a unas 250.000 personas más de lo previamente contemplado; es decir, el rigor de la recesión es tal que, aunque esta ayuda se otorga por razones humanitarias para aquellas personas que agotado su derecho a subsidio de desempleo y sin miras de poder encontrar un empleo, necesitan una ayuda para poder comer, sin embargo, desgraciadamente, en el plano económico añade al déficit ya existente cerca de 600 millones de euros más. Y ello implica un mayor esfuerzo para reducir el déficit.
Adicionalmente, en la presentación del secretario de Estado se prevé un ajuste de otros 10.000 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y administraciones locales. Si bien podemos aceptar que es posible que el Gobierno central se ciña a un déficit más reducido, ¿hay alguien que piense que las comunidades autónomas, de cualquier signo político, vayan a frenar su gasto, habiéndose acordado un suculento déficit para ellas y faltando transparencia en el proceso de control? El Gobierno parece dispuesto a recortar la inversión a las autonomías que no ajusten sus déficits. Pongamos por caso dos ejemplos: Andalucía y Cataluña, ¿el Gobierno va a limitar los fondos en ciernes de unas próximas elecciones? Todas las recomendaciones económicas indican que este es el camino ortodoxo para cumplir las cifras comprometidas del déficit, pero ojos para ver.
Por otro lado, la insistencia del Gobierno en que la deuda española sigue estando en niveles razonables y, por lo tanto, sujeta a aumentar sin problemas es simplemente una quimera. Eso suena bien quizás para cierto público. Sin embargo, los mercados internacionales lo que miran con lupa es otro dato: la suma de la deuda pública y la privada, y aquí los números no engañan, la deuda española es ya casi tres veces el PIB.
Entre los G-20, España sigue siendo el país desarrollado con mayor vulnerabilidad a una segunda recesión mundial. Dependemos de la financiación exterior y como se desprende de la presentación del secretario de Estado, seguiremos dependiendo de ella en el año 2010 con un déficit por cuenta corriente esperado del orden del 5% del PIB. Se nos advierte que lo más probable es que la economía mundial se recupere. En este supuesto las tasas de interés subirán y nos cogerán sin haber salido de la recesión, por lo que terminaremos pagando bastante más en intereses. Ahora bien, si en contra de lo deseado por todo el mundo, la economía mundial no se recupera y hay una segunda recaída, algo que, por otra parte, el Fondo Monetario Internacional no descarta, la escalada del diferencial tendrá lugar y la maltrecha economía española empeorará aún más.
En definitiva, lo único que puede romper este círculo vicioso de vulnerabilidad de la economía española son las reformas estructurales. Son medidas irremediablemente necesarias. Y aquí una vez más, el secretario de Estado improvisa. Hacer una relación de principios, pero sin ofrecer una sola medida concreta y, para más inri, vuelve a insistir en la propuesta de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años, medida propuesta y desautorizada hacía tan solo una semana.
A España y a los españoles nos importa que tenga razón el secretario de Estado en todas sus afirmaciones porque se nos ha dado una segunda oportunidad. Ahora bien, si yerra y los inversores institucionales cuestionan las expectativas ofrecidas, está claro que la credibilidad de nuestra economía quedará en evidencia, pasando España a las fauces de los tiburones del mercado internacional financiero.