Hace unos días la UPyD presentó una Moción en el Congreso para introducir un techo de gasto obligatorio a cada comunidad autónoma, junto con una serie de mecanismos de penalización para las infractoras. La moción también instaba al Estado a investigar tanto la existencia de duplicidades como solapamientos superfluos e ineficaces en las comunidades autónomas (CCAA). Planteamiento perfectamente lógico ya que la Administración Central del Estado sólo controla el 20% del gasto público, correspondiendo el 36% a las CCAA, el 30% a la Seguridad Social y el resto a las entidades locales.
Según la exposición de la moción, la actuación del Estado debería iniciarse con simples recortes dirigidos, por un lado, hacia las propias administraciones autonómicas: numero de consejerías y parlamentarios de las CCAA, personas de confianza y de libre designación, y oficinas como las llamadas "embajadas autonómicas"; y por otro lado, hacia las llamadas empresas del sector público: radios, televisiones, observatorios, agencias, consorcios y fundaciones. En definitiva, todo aquello cuya existencia no haya supuesto una aportación substancial a los servicios públicos de la región o que cuyas funciones sean la simple duplicidad de las agencias estatales activas. Estos gastos superfluos, excesivos o repetidos, según el único dato existente hasta la fecha y aportado por UPyD, podría alcanzar los 26.000 millones de euros anuales. Evidentemente, la cifra no es un asunto baladí para ni tan siquiera prestarla atención. La eliminación del sobrecoste acarreado por el descontrol autonómico facilitaría la recuperación económica y ayudaría a encauzar la economía española por una senda de crecimiento mayor y mejor. Es más, de aprovechar esa vía, se evitaba el ajuste anunciado por el Gobierno y que éste tuviera que recaer sobre, entre otros, pensionistas. Y todo ello sin modificar las competencias que la Constitución y los respectivos estatutos de autonomía atribuye a las CCAA y sin que el ciudadano pierda un solo servicio. ¡Ahí es nada!
El razonamiento expuesto es rotundo en lo que a cifras se refiere; y sin embargo, frente a toda lógica, el resultado de la referida moción presentada por UPyD obtuvo un solo voto, el de la propia UPyD y la abstención del Partido Popular. Éstos últimos, aun estando de acuerdo con el razonamiento presentado en la moción, a la hora de la verdad, en la votación, poner techo al gasto autonómico es harina de otro costal. La postura del Partido Popular en inglés lo denominan "fair weather friends", lo que podríamos traducir: amigos hasta que cuesta algo.
Igual de frustrante y falso fue la respuesta del vicepresidente Chávez a la diputada de UPyD, Rosa Díez: no se puede compeler a las CCAA a reducir su gasto dado que no existe relación jerárquica entre ellas y el Estado. Eso no es cierto, la Constitución Española en sus artículos 103, 128, 131, 150 y sobre todo el 149, sienta las bases para que el Estado ejerza, si tiene voluntad de hacerlo, la coordinación de la planificación general de la actividad económica y además, le otorga la competencia exclusiva sobre la Hacienda general y la deuda del Estado. Por citar un solo ejemplo de control eficaz: pongamos por caso que el Estado decide no avalar aquellas emisiones de deuda autonómica que sirvan para financiar un déficit superior al permitido. Si esto tiene lugar, ¿quién va avalar a las CCAA?, dicho de otra forma, sin el aval del Estado, no gastarían tanto.
En definitiva, el control sobre el gasto evitable y excesivo de las CCAA es en última instancia una materia de voluntad política. Y está claro, los dos grandes partidos nacionales son reacios a introducir controles efectivos. Cabría esperar, como único camino, a que la situación alcanzara a ser tan catastrófica que no les quedara más remedio que actuar a los dos partidos mayoritarios. Pero la realidad es que la situación en la que nos encontramos, a parte de denominarla con diferentes adjetivos, ya está bastante adentrada en lo que podríamos decir fase catastrófica, sirva para ello leer el informe del pasado 24 de mayo del Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, en el punto 11 de dicho informe, el FMI insta a que se establezcan mecanismos sólidos para asegurar que no sólo el Estado sino que las CCAA también introduzcan medidas de ajuste, institucionalizando los procesos para revisar y controlar la calidad y durabilidad de los recortes del gasto autonómico. Precisamente lo que la moción de la UPyD pretendía hacer.
Por las buenas o por las malas nuestros socios dentro de la Unión Monetario Europea y el propio FMI, nos obligarán a doblegar el sobrecoste que hoy día reina en las CCAA y que nos asfixia. Por lo tanto, señoras y señores del PP y del PSOE, si Vds. no lo quieren reconocer, tengan lo claro: el despilfarro en las CCAA ya tiene fecha de caducidad. Aquí también se les acaba el tiempo.
Como el asunto es de vital importancia para España puesto que de ello depende la recuperación económica e institucional, en futuras columnas pasaremos a analizarlo con mayor detalle.