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Jaime de Piniés

¿Podemos irnos de vacaciones?

El mejor mensaje que se podría mandar antes de cualquier vacación veraniega es la introducción de una reforma más exigente del mercado de trabajo, y particularmente, librando a la economía española de la negociación colectiva.

Jaime de Piniés
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Terminada la presidencia española en la Unión Europea y tras los esfuerzos del Gobierno de Rodriguez Zapatero para convencer a los mercados y a las autoridades económicas mundiales, Merkel y el Fondo Monetario Internacional entre otros, quizá se podría entender que las tareas iniciadas se han llevado a cabo y nuestros gobernantes pueden tomarse unas bien merecidas vacaciones. 

Señores, mucho me temo que no; que la realidad a la que nos enfrentamos no permite pensar en vacaciones y menos en irse. De la misma forma que a muchos españoles no les alcanza su economía para colgar el cartel de cerrado por descanso del personal porque, de alguna forma, tendrán que enfrentarse a la subida del IVA, una tasa de paro anclada en el 20%, los recortes efectivos a pensionistas y funcionarios, sin olvidar los demás tijeretazos a la orden del día en el sector privado, un mínimo de seriedad por parte del Gobierno supondría no irse de vacaciones. Ni un día. Pero es que, encima, desde la comunidad internacional no dan tregua. Valga de muestra el último informe de Moody’s, que amaga con rebajar el rating de España si no se siguen tomando medidas de calado en la economía en los próximos tres meses. 

De materializarse dicha amenaza, Moody’s se uniría a Fitch y Standard & Poor’s, las otras dos grandes agencias de rating en el mundo, que ya han empeorado su valoración del riego que representa nuestro país. Las consecuencias de otra bajada en el rating son conocidas: el coste del endeudamiento de las administraciones públicas españolas y del sector privado, tanto empresas como familias, sería más oneroso. En iguales condiciones de mercado como las de hoy, el riesgo país de España resultaría aun más caro para nuestros bolsillos: elevaría el diferencial de tipos de interés con Alemania por encima de los 200 puntos básicos actuales. Y esta diferencia ya le supone a España un sobrecoste de más de 11.000 millones de euros. Es decir, los alemanes por el mismo monto de deuda pública pagarían 11.000 millones de euros menos. Ahí es nada. Esta es la realidad de bajar las calificaciones y aumentar el riesgo país.

El análisis de Moody’s es perfectamente válido. Indica que la deuda española podría subir hasta el 80 por ciento del PIB en 2014 debido, por un lado, a la proyección de unas tasas de crecimiento francamente flojas en los próximos años, sensiblemente menor a la mayoría de los países desarrollados y, por otro lado, a las dificultades que tendrá el Gobierno en controlar el déficit publico. En esta tarea, la agencia norteamericana subraya, con toda razón, que las reformas estructurales, como la del mercado laboral, serían críticas para incrementar el potencial de crecimiento de España y mejorar nuestras perspectivas futuras.

Moody’s también ha puesto el dedo en la llaga para las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas. Hace unos días se rebajó la calificación de riesgo de cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia por el débil crecimiento económico que se prevé en ellas para los próximos años. Cabe indicar que éstas no son la excepción, no. Más bien debe entenderse que el trabajo de una agencia de rating sigue pautas secuenciales y que las demás comunidades autónomas seguramente se llevarán alguna sorpresa en breve.

Pero es que el análisis de Moody’s concuerda con las advertencias de todas las instituciones internacionales y, por ello, no debe sorprender que el riesgo país de España se mantenga en el estratosférico nivel de 200 punto básicos. Ojalá lo interprete correctamente nuestro Gobierno. Igualmente, sería importante que las Cortes afrontaran con valentía el reto que les brinda, en este caso, la agencia Moody’s. Los diputados tendrán que tramitar la reforma del mercado de trabajo en las próximas semanas. A todas luces, esta reforma, tal y como salió del tintero del Gobierno, nace muy cortita. En estos días en que los madrileños sufren una huelga denominada salvaje en el servicio del Metro y muy cuestionada por el ciudadano de a pie por el impacto de no salvaguardar ni los servicios mínimos en un momento en que muchos de los viajeros de ese servicio temen por su puesto de trabajo, el mejor mensaje que se podría mandar antes de cualquier vacación veraniega, tanto a los españoles como al mercado internacional, es la introducción de una reforma más exigente del mercado de trabajo, y particularmente, librando a la economía española de la negociación colectiva. Esta medida representaría un paso decidido para recuperar nuestra mal trecha competitividad y sin lugar a dudas un mensaje de empuje para todos los observadores económicos de España.

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