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Jaime de Piniés

Tras el G-20, Irlanda y pronto España

Alberto Recarte puso fecha al desmoronamiento de España: finales del primer trimestre de 2011, cuando se revisen las previsiones sobre el déficit público.

Jaime de Piniés
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La semana pasada el G-20 ratificó altisonante que los países más importantes del mundo estaban todos de acuerdo en no estar de acuerdo. Hablaron de analizar la situación en un futuro para evitar devaluaciones competitivas y dejar que sean los mercados los que realicen los ajustes oportunos para encontrar los niveles adecuados a las divisas. Por lo tanto, de momento, nadie está dispuesto a frenar la devaluación del dólar, provocado recientemente por una inyección masiva de dinero por la Reserva Federal, o a revaluar el renminbi, la divisa de China.

Luego, estando así las cosas, ha sido muy interesante observar cómo las cinco potencias europeas, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, aprovecharon la reunión en Corea del Sur para esclarecer el alcance del mecanismo puesto en marcha para velar por la salud de aquellos países europeos que forman parte del euro. El plan de quiebra ordenada ha sido una exigencia de Alemania y favorece la reestructuración de la deuda de los países quebrados. Pero como quedó claro en Seúl, se limitará la exigencia a partir del año 2012. Mientras tanto, los fondos para rescatar países al borde del colapso financiero, como Irlanda, serán exclusivamente a cuenta del contribuyente y no del inversor.

Lo cierto es que dicha declaración sirvió para estrechar los diferenciales de interés entre el bund alemán y la deuda pública de Irlanda, Portugal y España. Pero el efecto fue extremadamente fugaz. Sólo ha durado dos días. Una promesa de rescate condicionada a una fecha de caducidad simplemente no sirve para restaurar la calma en los mercados. Prueba de ello es que el diferencial de España sigue anclado en niveles por encima de los 200 puntos básicos.

Al escribir estas líneas parece que Irlanda no tendrá más remedio que aceptar un rescate in extremis para su sector bancario. Se habla de unos 50.000 millones de euros, avalados por el FMI, la UE, los países de la Unión Europea Monetaria e incluso Gran Bretaña, en esta ocasión por intereses propios. Los irlandeses, por su parte, se están defendiendo con uñas y dientes para evitar que se extienda el rescate al sector público. Hacen bien en resistirse ya que en el momento que lo acepten, habrán perdido su soberanía fiscal y serán un protectorado sine die.

Y en medio de este temporal nuestro Gobierno hace todo lo posible por mirar hacia otro lado como si todo esto no fuera con él. Su máxima, no somos ni Grecia, ni Irlanda. ¿Y esto es bueno? Pues depende, porque ninguno de los dos países citados tienen el grado de descontrol sobre sus cuentas públicas como el alcanzado por el nuestro. A día de hoy no sabemos el estado actual de los déficits de las Comunidades Autónomas de España, es decir, una vez deducida la Seguridad Social, no sabemos el alcance real de las cifras de la mitad del déficit público español. En esta columna hemos tenido ocasión de detallar este descontrol público y el despilfarro asociado con el gasto público de las comunidades. No hay absolutamente instancia alguna que supervise su gasto más allá de ellas mismas, y tampoco existe incentivo o requerimiento alguno que frene el derroche. La UPyD ha presentado los primeros estudios que cuantifican este enorme despilfarro y anoche, en el Foro Arrupe, Alberto Recarte puso fecha al desmoronamiento de España: finales del primer trimestre de 2011 cuando se revisen las previsiones sobre el déficit público y se demuestre que no seremos capaces de alcanzar el objetivo sobre el PIB de un déficit público para el conjunto de las Administraciones Públicas del 9,3%. Y llegado ese día, la realidad económica será mucho peor que la de hoy.

El análisis de la economía actual española no destila nada más que pesimismo. Ojalá no fuera así, pero es que lo que tenemos en frente es de libro. Se necesitaría que nuestro Gobierno profundizara en las reformas que actualmente tiene o bien frenadas o bien olvidadas y, sobre todo, tendría que empezar a ejercer un control directo sobre el gasto de las comunidades autónomas. Pero para esto último no tardaría en llegar algún ministro que recordara que ese control ya no es posible. Eso ya certificaría el desastre.

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