En el año 1973, tras el primer gran shock en los precios de petróleo, el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos limitó la velocidad de circulación en todo el país a 55 millas por hora. Supuso toda una convulsión para la sociedad americana, pero ésta terminó por aceptarla como una necesidad para reducir la dependencia nacional del cartel de la OPEP. El pueblo americano aceptó esas medidas nada liberales porque era consciente de que con los modelos de coches que había en aquel entonces, casi todos ellos "gas guzzlers", es decir terriblemente ineficientes, se sabía que una reducción del limite de velocidad de tan solo unas 10 ó 15 millas llevaría a un importante ahorro energético nacional.
Treinta y dos años después, en España se ha decidido lo mismo. Sin embargo, todos esos años de diferencia no han pasado en balde. Aquella crisis supuso la reinvención del coche para dar paso al vehículo eficiente y máximo ahorrador en energía. Hoy día, los coches encuentran su punto de máxima eficiencia entre los 120 y los 100 kilómetros por hora. De ahí que la mayoría de los expertos indiquen que las cifras dadas por el Gobierno, un ahorro energético de aproximadamente entre un 10% y un 15%, sean una pura falacia. De producir algún ahorro, se podría conseguir quizá un 2% ó un 3% y por lo tanto hay muy poca justificación para tamaña reducción de velocidad. Por otro lado, las carreteras que quedarían afectadas, autovías y autopistas, son las más seguras y por ende tampoco se puede encontrar justificación por este motivo. Sin olvidar algo que empieza a ocurrir a muchos conductores e incluso nuestro corredor Alonso hace referencia a ello y es el hecho que ante un ejercicio tan tedioso, cada vez hay más gente que habla de perder atención y adormecerse al volante.
La justificación básica de la medida parece radicar en la imperiosa necesidad de hacer caja por parte de todas las Administraciones Públicas de España. Y esto simplemente no es una justificación razonable. Mucho antes de alcanzar este punto, se debería meter en cintura el ingente gasto público y su enorme sobrecoste en todos los niveles administrativos y especialmente en las comunidades autónomas que no han hecho absolutamente nada, salvo alguna rara excepción, para reducir el sobrecoste y la ineficiencia de su gasto público.
Si el Gobierno verdaderamente quisiera mejorar la eficiencia energética de la circulación vehicular, haría mucho mejor en renovar la flota del país. Cada año que pasa los coches son más y más eficientes en cuanto al uso de hidrocarburos e incorporan, cada vez más, fuentes energéticas complementarias (eléctrica, bio-fuels, etc) lo que implica la reducción en la necesidad de importar tanto petróleo del exterior. Pero la ineficiencia del Gobierno, una vez que se agotó el dinero para el Plan Renove, parece que también agotó cualquier idea para impulsar el sector. Siendo socialistas, sorprende que no adopten penalizaciones mucho más exigentes hacia los coches más viejos, incentivando por esta vía "negativa" la sustitución de vehículos viejos e ineficientes por nuevos y energéticamente más ahorradores.
Desde una perspectiva liberal, está claro, todo esto sobra ya que el incremento del precio de los combustibles ya debe ser más que suficiente para disuadir el uso. Y, ojo al dato. Hace tres años cuando el precio del barril de petróleo rondaba los 145 dólares, es decir casi 35 dólares más caros que hoy, el precio del suministro, tanto de gasolina como de diesel, era tan caro como hoy. Todo ello se debe a los impuestos especiales que ahora golpean las desgastadas espaldas del consumidor nacional.
Definitivamente, no se puede improvisar una política energética con ocurrencias como limitar la velocidad de circulación. Ojalá se pudiera decir que por fin acierta como ocurre con el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares. Pero con el nuevo límite a la velocidad de circulación solo logramos un nuevo cartel, mucha pérdida de tiempo, algún que otro accidente por pérdida de atención y, eso sí, más dinero para el sector público.