Un mes después de la resolución en que se daba luz verde al Gobierno para intentar el "final dialogado" de la violencia terrorista en el caso de que se demostrara inequívocamente la voluntad de ETA de poner fin a su actividad criminal, dejando bien claro que "la democracia no pagará precio político para conseguir la paz", el Congreso de los Diputados aprobó el 21 de junio de 2005 por 286 votos a favor y 26 abstenciones la siguiente proposición no de ley:
El Congreso de los Diputados refirma la plena vigencia de todo el contenido del Acuerdo por la Paz y la Tolerancia, Pacto de Navarra, firmado en Pamplona el 7 de octubre de 1988, y recuerda su punto quinto:
"Nos reafirmamos en el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverlas los representantes de la voluntad popular. Ningún grupo terrorista, ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines están legitimados para erigirse en representante del pueblo de Navarra. En consecuencia rechazamos toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, sea tenida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general y el propio de Navarra en particular. Sólo la voluntad de nuestro Pueblo puede orientar el presente y el futuro de Navarra. Por eso manifestamos nuestra seguridad de que ETA y sus defensores nada han de obtener de la violencia y la intimidación y de que Navarra continuará progresando asentada en sus instituciones democráticas y regida por la voluntad de sus ciudadanos."
El octavo punto del documento hecho público por la Conferencia Episcopal el 31 de enero de 2008, reproduciendo otro texto anterior fechado el 23 de noviembre de 2006, dice así:
El terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de la vida justa y razonable. No sólo vulnera gravemente el derecho a la vida y a la libertad, sino que es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo (n. 65). Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político (n. 68).
Previamente, la Conferencia Episcopal declara en su documento, rememorando el de 2006, que "si bien es verdad que los católicos pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos, también es cierto que no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana, ni son tampoco igualmente cercanos y proporcionados a los objetivos y valores que los cristianos deben promover en la vida pública". En este pronunciamiento, dirigido a los católicos españoles, no se hace descalificación de partido político alguno, salvo de los que –sustentando la violencia o apoyándose en ella– pretendan erigirse en representantes políticos de un sector de la población y se empeñen en ser tenidos como interlocutores políticos.
En otro punto del documento, el quinto, se dice textualmente: "No pretendemos que los gobernantes se sometan a los criterios de la moral católica". A estas alturas, discutir el derecho de la Iglesia a "iluminar" a sus fieles desde un punto de vista ético o moral recordándoles los principios doctrinales en que se asienta la religión católica es una actitud totalitaria y antidemocrática.
Entre las dos resoluciones del Congreso antes citadas y la declaración episcopal con relación al terrorismo no hay diferencia alguna. Otra cosa es que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo caso omiso de la resolución del Congreso del 21 de junio de 2005, hubiera abierto una negociación política con Batasuna, es decir, con una organización respaldada por ETA y que pretende condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general y el propio de Navarra en particular. El presidente hizo caso omiso del inequívoco pronunciamiento del Congreso, mintió al líder de la oposición y a la opinión pública española y ahora arremete contra los obispos españoles e intenta dividir a los prelados, todo ello con espurios fines electorales.
La agresiva reacción del Gobierno y del PSOE contra la Conferencia Episcopal es una muestra más del anticlericalismo laicista promovido desde las instancias del poder y constituye una burda maniobra electoral para tratar de movilizar al electorado antisistema que el 14 de marzo de 2004 acudió a votar "contra" el PP.
