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Jaime Ignacio del Burgo

Estatuto de Andalucía: discrepo

No podemos convertir en una derrota del Partido Popular lo que ha sido una gran victoria. Si no hubiera habido acuerdo y el Estatuto se aprobara como vino del Parlamento nos encontraríamos con otro texto en buena medida inconstitucional

Leo el 28 de octubre de 2006, a las 22 horas, el siguiente titular de Libertad Digital: "Rajoy cree que con el Estatuto andaluz basado en el Manifiesto separatista de 1919 "se ha puesto orden, razón y Constitución". Lamento no estar de acuerdo con este titular que mezcla opinión con información. La información es lo dicho por Rajoy. La opinión es decir que el Estatuto andaluz está "basado" en el "Manifiesto separatista de 1919".

No comparto la opinión expresada en el titular porque, dicho con mi mayor afecto, no se ajusta a la verdad. El Manifiesto de 1919 no es separatista. La frase destacada en negrita por Libertad Digital ("Declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de justicia y del interés y, sobre todo, los sagrados fueros de la libertad; de ese Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los pueblos extranjeros") no es ningún alegato separatista. Los redactores del Manifiesto no tenían la menor intención de romper España sino querían "separarse" del Estado centralista, caciquil y corrupto en el que había desembocado la Restauración. Además soñaban con un poder andaluz para poder remediar las grandes injusticias sociales que padecía en aquella época Andalucía.

El Manifiesto, además, se produce en un momento en el que en España había una eclosión del espíritu regionalista en el que confluían gentes de la más diversa procedencia ideológica. El Gobierno quiso encauzar el proceso y promovió un proyecto autonomista que no llegó a buen fin por la gravísima inestabilidad política y social en que estaba sumida España. Los andalucistas del 19 hubieran votado sin duda una Constitución como la de 1978 y no hubieran podido imaginar que gracias a ella y al desarrollo estatutario emergería un poder andaluz que para bien o para mal se ocupa de gestionar los intereses propios de Andalucía, sin perjuicio de su inserción en la nación española y por tanto de respetar el papel del Estado como garante de la libertad y de la igualdad básica de todos los ciudadanos españoles y de la solidaridad entre todos los pueblos que integran España.

Por consiguiente, por tratar de erradicar el Estado centralista no se puede tildar de separatistas a los autores de un manifiesto que concluye con esta invocación: "Por Andalucía, por España, por la Humanidad". Es cierto que abogaban por los Estados Unidos de España pero ello no significaba privarla de su carácter nacional pues ponían como modelo a países federales como los Estados Unidos de América, Alemania y Suiza, que tienen una fuerte conciencia nacional. Por aquel entonces los carlistas abogaban por una monarquía federal. Hay federalistas en España que se sienten hondamente españoles y que no son separatistas por propugnar un modelo federal. En mi opinión, el federalismo tiene el riesgo de que los nacionalismos periféricos pretendan fraccionar la soberanía nacional. Pero quede claro que es un grave error identificar la nación –España– con una forma determinada de Estado.

Finalmente, discrepo de otra afirmación del titular. El Estatuto andaluz no está "basado" en el Manifiesto de 1919, al que únicamente se cita de pasada dentro de un preámbulo de carácter historicista. Lo determinante del preámbulo es que todo ese proceso histórico culminó en 1978 con la aceptación sin reservas de una Constitución que permitió convertir a Andalucía en una nacionalidad histórica, de acuerdo en todo con la Constitución de 1978, y en el marco de la unidad indisoluble de la nación española. Y es cierto que la Comunidad Autónoma andaluza tiene una singularidad en su devenir histórico: que fue el pueblo andaluz el que decidió incorporarse a las comunidades del máximo rango competencial desde el primer momento, superando la carrera de obstáculos del artículo 151 de la Constitución. La UCD se opuso a la legítima aspiración constitucional y estatutaria del pueblo de Andalucía convencida de que el Estado podía quedar desbordado por la proliferación de procesos similares en el resto de España. La UCD actuó de acuerdo con lo que le dictaba su "sentido de Estado", sin escuchar a voces como Soledad Becerril que advirtieron lo que iba a ocurrir. Fue un error muy caro. Andalucía fue el principio del fin de la UCD.

Vuelvo a repetir lo que dije desde el primer día. No podemos convertir en una derrota del Partido Popular lo que ha sido una gran victoria. Si no hubiera habido acuerdo y el Estatuto se aprobara como vino del Parlamento nos encontraríamos con otro texto en buena medida inconstitucional que reforzaría además la pretensión catalanista de convertir a España por la vía de los Estatutos en un Estado plurinacional. Por otra parte, un referéndum en confrontación sólo hubiera conducido a partir en dos a los andaluces cuando tanto la Constitución como los Estatutos han de ser instrumentos para reforzar la convivencia y no para ahondar en el confrontamiento y la división. Salvo el Estatuto catalán, lo cierto es que hasta ahora todos los Estatutos reformados o pendientes de reforma lo están siendo por consenso entre los dos grandes partidos. Se demuestra que el camino del consenso cuando se trata de reformar la Constitución o los Estatutos es el adecuado. Y eso es bueno para fortalecer España y no para debilitarla.

Por último, creo que los negociadores del Partido Popular –Javier Arenas, Antonio Sanz, Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo– han realizado un buen trabajo y deben ser merecedores de nuestro reconocimiento. Al menos tienen el mío.

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