Enlazo con el interrogante de mi artículo anterior. ¿Por qué –si no hay planteada todavía ninguna una reforma constitucional en el Congreso- tengo el atrevimiento de acusar al presidente ZP de haber abierto un proceso constituyente fraudulento y subversivo?
La respuesta es sencilla. Porque la reforma de los Estatutos de autonomía, alentada por el presidente ZP en su discurso de autonomía, está a punto de llevarse por delante el actual modelo de Estado de la Constitución de 1978.
La aprobación de un Estatuto de Autonomía requiere obtener la mayoría absoluta de Congreso de los Diputados, es decir, 176 diputados. El presidente cuenta como mínimo con los 147 del Partido Socialista Obrero Español, más los 21 diputados del Partido Socialista de Cataluña, más los 8 de Ezquerra Republicana de Cataluña y los 5 de Izquierda Unida-Los Verdes. En total 181 diputados. Suficientes para cualquier cosa.
Hace dos años, mientras celebrábamos los veinticinco años de vigencia de la Constitución y valorábamos el acontecimiento como el primer gran éxito del pueblo español después de casi dos siglos de historia convulsa y de enfrentamientos fratricidas, cayeron en mis manos las propuestas presentadas en el Parlamento de Cataluña por CIU y el PSC para redactar un nuevo Estatuto nacional. Las comenté con Rodrigo Rato, a la sazón vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía. Se quedó preocupado y me preguntó si podía hacerle una nota. Lo que comenzó siendo un informe se convirtió en un libro. Se publicó en el otoño de 2003 y lo titulé “Jaque a la Constitución”.
Perdóneseme la autocita, pero esto es lo que decía en uno de sus pasajes: “No es comprensible que el nacionalismo catalán haya decidido la ruptura del pacto constitucional. Una cosa es perfeccionar el modelo y otra romper con él. Se rompe con el modelo pactado cuando se reivindica la soberanía de Cataluña como nación y, además, se mantiene en el horizonte el derecho de autodeterminación como una especie de espada de Damocles sobre el Estado español. Se rompe el modelo pactado cuando se pretende dotar a la Generalidad de los caracteres propios de la estatalidad y transformar a la nación española en un mero Estado plurinacional, algo así como una especie de cooperativa de servicios comunes (la defensa y las embajadas). Se rompe con el modelo pactado cuando se formula una propuesta que convierte a Cataluña en un Estado prácticamente independiente aunque se mantenga formalmente dentro de ese imaginario Estado plurinacional español por la sencilla razón de que la independencia implicaría la salida de la Unión Europea y eso sí que sería contrario a los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Se rompe, en fin, con el modelo pactado cuando para fundamentar la destrucción del actual Estado autonómico se invoca la aplicación a Cataluña de la disposición adicional primera de la Constitución, a sabiendas de que se hizo para resolver la cuestión foral y de que en ningún caso podría amparar la ruptura del marco constitucional”. Más adelante concluí: “A la vista de lo que está por venir –escribí-, presiento que Cataluña lleva camino de convertirse en un nuevo problema”.
Después vino el acceso de Pascual Maragall a la Generalidad de Cataluña. Para desbancar a CIU necesitaba del apoyo de ERC, partido republicano e independentista. Lo consiguió mediante la firma de un pacto donde el PSC se compromete a impulsar una reforma estatutaria acorde con los postulados nacionalistas. Lo peor de todo es que ZP se comprometió durante la campaña electoral a apoyar cualquier reforma estatutaria con tal de que esté avalado por una amplia mayoría en el Parlamento catalán.
Cataluña se ha convertido ya en un nuevo problema.
Pascual Maragall sabe que para que su “Estatuto nacional” tuviera encaje constitucional habría que reformar de forma sustancial la Constitución española. Luego lo razonable sería empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. El honorable presidente sabe que convertir a España en un Estado plurinacional, como él pretende, compuesto de cuatro naciones: Cataluña, País Vasco, Galicia y el resto sería empresa imposible. Para dinamitar la Constitución, Maragall pretende formular su jaque a la Constitución a través del Estatuto. A ver si en Madrid tienen los bemoles suficientes como para negar a Cataluña lo que quiere ser. El pacto constitucional de 1978 ha saltado ya por los aires.
Maragall no quiere estar solo. Sueña con que el Parlamento vasco apruebe finalmente una propuesta parecida a la suya si ZP es capaz de llegar a un acuerdo con el PNV y, tal vez, con Batasuna. Porque no debemos olvidar que el rechazo al Plan Ibarreche pareció rotundo pero en realidad no lo fue porque el presidente aceptó negociar un nuevo Estatuto, fruto de un plan “sin apellidos”, para lograr un nuevo marco definitivo para Euskadi. Ibarreche vio derrotado su Plan en el Congreso, es cierto, pero se llevó un as en la manga: la defunción del Estatuto vasco certificada por el propio ZP. Porque si hay que llegar a un marco nuevo, definitivo, es porque lo que hay no sirve.
El otro sueño de Maragall es que Fraga no consiga mayoría absoluta y se conforme un nuevo Gobierno socialista en coalición con los nacionalistas del BNG.
Si esto ocurre, la tramitación de los nuevos Estatutos se convertirían en manos de los Parlamentos catalán, vasco y gallego en un poderoso ariete contra el edificio constitucional español. Sólo la fortaleza de los dos grandes partidos nacionales podría evitar el jaque mate. Pero ZP tendría que optar entre ser leal o enterrar la Constitución de 1978.
Para evitar que España camine hacia el abismo, Mariano Rajoy ha ofrecido al presidente su apoyo para hacer frente a cualquier desafío estatutario que desborde el marco constitucional así como pactar hasta dónde se puede llegar en el desarrollo del proceso autonómico sin romper el modelo de Estado para que el criterio pactado pueda iluminar la reforma de los Estatutos vigentes. Pero el presidente se ha negado a ello. Por convicción propia o porque sus socios catalanes (PSC y ERC) no se lo permiten.
Concluyo. ZP es responsable de haber abierto de facto un nuevo proceso constituyente. Y esto es fraudulento, pues se pretende forzar la reforma de la Constitución mediante la aprobación de Estatutos inconstitucionales, y además subversivo, pues la finalidad de sus mentores es provocar la ruptura del actual modelo de Estado.
