Cuando hice balance del primer año del Gobierno de ZP (perdón por utilizar la abreviatura utilizada en su campaña electoral) lo dije: La gente no se da cuenta, pero pronto notará en su propio bolsillo las consecuencias de haber metido a España en un nuevo berenjenal constituyente. En la prensa económica norteamericana y británica se hacen cábalas sobre la posibilidad de una ruptura de la nación española. Y esto es muy malo.
Pues bien, ya tenemos el primer dato. La inversión extranjera en España ha caído en un 77 por ciento. Algunos analistas culpan de esta pésima noticia económica a la desconfianza provocada por la incertidumbre generada por las reformas constitucionales y estatutarias en marcha algunas de ellas –Cataluña y País Vasco- rayanas en la disolución del actual Estado español. A eso se une también una política exterior provocadora de la rechifla general del mundo diplomático, pues hemos sustituido la relación privilegiada con los Estados Unidos por la amistad de personajes siniestros como el dinosaurio comunista Fidel Castro y el caudillo venezolano Chaves.
Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso constituyente de carácter fraudulento y subversivo. Fraudulento, porque su apertura se ha producido prescindiendo totalmente del procedimiento establecido en la Constitución. Subversivo, porque –si Dios no lo remedia- el final del proceso es la destrucción del actual marco constitucional. Y no digo proceso revolucionario, porque por fortuna falta el ingrediente típico de toda revolución que es la subversión del orden anterior mediante la violencia.
Se dirá que soy un visionario por dibujar un escenario irreal, fruto de la fantasía de una mente calenturienta. Se me acusará de no haber asimilado todavía la derrota provocada por el 11-M. Se me tildará, además, de reaccionario, por defender –qué paradoja- la validez de la Constitución de 1978, una de las más progresistas y avanzadas del mundo. Y puestos a arrear, me atizarán –está de moda desde la recuperación de la memoria histórica- con el calificativo de fascista, por querer resucitar aquella España de “Por el Imperio hacia Dios”, pues no en vano somos los de la “derecha” –dicen- los herederos de sangre y de pensamiento de la dictadura franquista.
Acepto de antemano todo eso –y mucho más que puedan decirme- con espíritu alegre y combativo, pero los intentos de descalificación no podrán ocultar la solidez de mi aserto. España camina de forma irresponsable hacia el abismo gracias al proceso constituyente de facto impulsado por ZP.
A lo mejor, también, se ofrecen argumentos en mi contra. ¿Cómo puedo hablar de proceso constituyente cuando ni en el Congreso ni en el Senado se ha planteado hasta el momento ninguna propuesta de reforma de la Constitución? Cierto. Lo único que sabemos es que el Gobierno pretende impulsar, además de la reforma de la sucesión a la Corona –para evitar discriminaciones entre el hombre y la mujer si Doña Letizia nos trae primero al mundo una niña-, la referencia a la Constitución europea, la introducción de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. Todo inocuo o intranscendente en apariencia. Nada que huela a proceso constituyente.
A primera vista, en efecto, las propuestas de ZP tienen su lógica. Lo del orden sucesorio de la Corona parece no entrañar dificultades, salvo que empecemos por debatir sobre las reglas de la sucesión y acabemos reavivando el viejo dilema de Monarquía-República. La referencia a la Constitución europea parece plantar pocos problemas pues el propio Tribunal Constitucional ha declarado que para mencionarla no hace falta reformar nuestra Carta Magna.
En cuanto al Senado todos hemos sostenido –y yo el primero- la conveniencia de su conversión en una auténtica cámara de representación territorial. Los problemas surgen cuando se pretende poner negro sobre blanco las diversas fórmulas de mejora de la representación territorial de los senadores. Al final se corre el riesgo de poner patas arriba el actual entramado institucional español basado en la unidad de soberanía del pueblo español que se expresa tanto en el Congreso como en el Senado. En cualquier caso si se quiere ir más lejos de la mera modificación del sistema de elección de senadores en tal caso entraríamos en una revisión completa del título relativo a las Cortes Generales.
Por último, la inclusión en la Constitución del nombre de las Comunidades Autónomas tampoco es asunto baladí. Lo sería si el propósito fuera limitarse a modificar el artículo 137 para decir: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña…más la Comunidad Foral de Navarra”. Pero nada es pacífico en este terreno. Cataluña quiere aprovechar el viaje para modificar no sólo el artículo 137 sino el 2 para obtener dentro del Estado plurinacional español la condición de nación. Ocurre que conforme a ese artículo nuclear de la Constitución la única nación es España y el Estado no es plurinacional sino autonómico. Para salvar este escollo el Gobierno, con el inestimable e incomprensible apoyo del presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, ha puesto sobre el tapete como solución de compromiso la expresión “comunidad nacional”, aunque tampoco este último invento resuelva el problema.
En definitiva, cualquier intento de reforma ofrece serias dificultades. Por otra parte, ¿por qué sólo han de discutirse las propuestas formuladas por ZP? ¿Quién ha dado al presidente la facultad de decidir cuáles son los aspectos de la Constitución que deben de ser reformados y cuáles no?
De todas formas, ¿permite la reflexión anterior hablar de proceso constituyente? La Ciencia Política define como tal aquel proceso político y social en el que el pueblo soberano decide transformar la estructura institucional de un país y proceder a su refundación por la vía de la participación directa del pueblo como titular último de la soberanía nacional. Desde el punto de vista formal, no estamos en ese supuesto. Tampoco parece que el presidente haya querido abrir un proceso constituyente.
