Una vez más, los responsables de los principales grupos parlamentarios no han logrado el acuerdo necesario para renovar los órganos constitucionales, incluido el CGPJ. La exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara para elegir a los veinte vocales, determina que el PP y el PSOE tengan capacidad de bloquear las negociaciones. Y ello a pesar de la recomendación del Tribunal Constitucional dirigida a los partidos para que no apliquen sus cuotas en la elección del CGPJ –doctrina sentada en la sentencia de 12 de julio de 1986– y no impongan sus parcelas de poder.
Hay más. La opción que, a raíz del pacto por la Justicia, la ley otorga a los jueces para ofrecer 36 candidatos se ha convertido, a juicio de los propios jueces, en poco menos que un gesto hipócrita. Jueces asociados y no asociados han expresado su malestar y, de nuevo, aparece el fantasma de que algunos responsables políticos pretendan que los vocales del CGPJ sean correa de transmisión de sus intereses de partido.
No es fácil saber cuáles han sido los verdaderos motivos que han impedido la renovación del CGPJ. Pero, sean los que sean, es lamentable que razones estrictamente políticas hayan primado sobre la esencia de los propios órganos constitucionales. Hace más de medio siglo, Raymond Poincaré recomendaba separar la política y la justicia: “Si el juez no llega a liberarse de la tutela parlamentaria bien pronto desaparecerá la autoridad de la justicia. No habrá entonces necesidad de escribir y leer ensayos sobre el arte de juzgar; el arte de intrigar será bastante”. Palabras premonitorias, en verdad.
Es cierto que el PSOE en sus épocas de mayoría parlamentaria procuró ocupar los altos cargos institucionales a través de la designación de sus miembros, pero ningún proceso de patrimonialización institucional debe tener imitadores. La designación desde los partidos de miembros del CGPJ –o de otras altas instituciones– a la carta, parece poco serio. Allá las conciencias de quienes así actúan y las de quienes, pudiendo, omiten su deber de impedirlo. Creo que mucho han de cambiar las cosas para que los ciudadanos sientan algún respeto por las instituciones constituidas mediante estos métodos. Está demostrado que lo mismo que en la dictadura, en la democracia las instituciones corren riesgo de descomponerse. Si en aquel régimen, el dictador es la bacteria parásita y corruptora, en democracia también una clase política irresponsable puede inocular semejante virus. De todos modos, opino que el Consejo no es una institución perfecta, aunque tampoco es cosa de alarmarse, pues doy por cierto que al alcance del ser humano no está el hacer milagros. Lo importante, creo yo, es que el CGPJ vaya consumiendo su vida al servicio de la justicia, esa noción que vuela por encima de los hombres y hasta de los calendarios.
El próximo septiembre –como todos los años– tendrá lugar la solemne apertura del año judicial bajo la presidencia del Rey y sería deseable que el acto se celebrase con un nuevo CGPJ. Confiemos en que después de las vacaciones el Parlamento proceda a la renovación del actual, como es su deber. No cumplir con él es un desplante al Estado de Derecho y un desprecio a la ciudadanía. Estoy convencido de que para todos lo que aún creen en las instituciones, este mes de agosto será tiempo de recapitulaciones. Es de desear que sirva para renovar los buenos propósitos que pudieron o debieron ser en estos meses pasados y que al final, por avatares o desmanes del destino, no fueron. Ojalá, también, que antes de que llegue el otoño acabe todo esto y atrás queden las maniobras y discrepancias entre las dos principales fuerzas políticas durante el proceso de renovación, aunque ya sea difícil reparar el daño producido en la credibilidad de una institución que no goza de buena salud. El Poder Judicial, uno de los poderes fundamentales del Estado, no pude seguir siendo tributario de otros poderes y menos del poder de los partidos políticos. Es hora ya de que sólo dependa de sí mismo y se me ocurre si no deberíamos seguir dando vueltas y más vueltas a la cabeza hasta dar con la fórmula completamente idónea que asegure que los miembros del CGPJ sean elegidos al margen de cualquier sospecha de parcialidad.
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