Así, con estos adjetivos, es como una gran mayoría de juristas, vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluidos, han calificado la iniciativa que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, ha emprendido para modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, de esta manera, lograr la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC), lo que, encima, se haría por el procedimiento de urgencia, con preterición de los informes del Consejo de Estado y del CGPJ, trámite necesario cuando se trata de una Ley Orgánica.
Aunque todo es discutible y más en Derecho, los argumentos de quienes censuran la propuesta me parecen certeros hasta el punto de que, sin temor a equivocarme, sostengo que en ella no existe la menor apariencia de juridicidad y que los patrocinadores de la idea creen que el mundo de las leyes es un guiñol y también un río revuelto con licencia para pescadores oportunistas. Téngase presente, para empezar, que la reforma planteada es una rectificación de la que se llevó a cabo apenas hace un año, cuando en virtud de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, ese mismo precepto que se pretende cambiar fue modificado para limitar las competencias de un CGPJ que había agotado los cinco años de vigencia, entre las que figuraban los nombramientos de los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, y de la propuesta de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que, conforme al artículo 599.1.1ª LOPJ, corresponde designar al Pleno del CGPJ. Para ser precisos, esto es lo que se puede leer en el Preámbulo de aquella Ley que ahora, tan prematura e incoherentemente, se quiere reformar: "(…) es necesario limitar las decisiones adoptadas por un Consejo saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato (…)", de manera que aquellas facultades de nombrar "deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuanto este se encuentre en funciones". Fin de la cita.
Pocas dudas caben, por tanto, de que en la iniciativa del Gobierno lo que se esconde son intereses partidistas y un descarado propósito de dejar en entredicho, una vez más, la neutralidad del TC. Todos, o casi todos, sabemos que la mecha del proceso de devaluación del Alto Tribunal se encendió hace bastantes años. Tantos como lleva sufriendo el acoso de la paulatina y sistemática colonización de la política que, en su afán por controlarlo, lo ha degradado hasta cotas muy bajas, aunque no hayan faltado las resistencias de algunos miembros de la institución, esforzados en vencer al virus de la politización del tribunal. Sean sinceros sus artífices y reconozcan lo que niegan con pasmoso cinismo. Que el fondo del asunto se reduce a términos de poder real y otros conceptos teóricamente destinados a controlar los tribunales de justicia. Ya que no podemos comprar a los jueces, pongamos a los nuestros. Ese y no otro es el fin real y último de la reforma legal emprendida por el Gobierno, por mucho que se pretenda disimular bajo púdicas y muy distintas vestiduras. Lástima que algunos gobernantes sean tan zascandiles y no sepan que, aunque la justicia es un género confuso, sin embargo no lo es tanto como para que cuele el dar gato por liebre. De ahí que no resulte extraño que la mayoría de la gente opine que el TC es un órgano que se mueve empujado por los émbolos de la peor política y un recinto donde se respiran espesos vientos partidistas.
O sea, lo que Alejandro Nieto afirma en su obra El malestar de los jueces y el modelo judicial, cuando escribe que la tragedia del TC es la de haberse dejado arrastrar en esa lucha indigna que mantienen los partidos políticos, que se reparten los cupos con absoluta impudicia y que, en consecuencia, hace que sus magistrados lleven el hierro político marcado en la frente. ¿A quién puede extrañar que algunos, desde la nausea que la situación produce, lleguen a hablar de tribunal "prostitucional" en lugar de constitucional?
León Felipe, aquel gran poeta fervoroso defensor de la justicia, decía con su garganta rota y en estribillo de matraca que la justicia mezclada con "política" era una pantomima, un truco de pista, un número de circo. A mí, siguiendo sus pasos, se me ocurre añadir que ninguna justicia cobijada a la sombra de la política puede ser sana justicia. Cuando en el oficio de juzgar se buscan rentabilidades políticas, sobra la justicia y basta la intriga. Y lo peor es la morbosa complacencia que los jueces pudieran prestar. Si todos los jueces estuvieran de verdad al servicio de la justicia, los políticos no encontrarían tantas facilidades para sus lucubraciones, errores y desmanes. A la memoria me viene que cuando los socialistas austriacos propusieron a Hans Kelsen ser miembro del Tribunal Constitucional, el autor de la Teoría pura del Derecho rechazó el ofrecimiento por el siguiente motivo: "Jamás seré magistrado de un partido político".
La institución de la Justicia no será saneada hasta que quiera el legislador y, entre nosotros y por ahora, según salta a la vista, el legislador no quiere. Nuestra justicia lleva ya muchos años bailando al son que tocan los políticos. Son los lodos que vienen de aquellos polvos de 1985, cuando en plena borrachera de poder un alto cargo del partido gobernante decretó la muerte de Montesquieu y los miembros de la carrera judicial comprendieron ipso facto que su futuro profesional iba a ser decidido por un gobierno judicial designado por la maquinaria partitocrática.
No se trata de poner nombres ni de examinar currículos, pues admito que cualquiera que aspire a ser magistrado del TC puede merecer la consideración de jurista de reconocido prestigio, pero lo que sí digo es que las batallas por el nombramiento de sus miembros, lo mismo que por los vocales del CGPJ, introducen al Alto Tribunal en un estado de sospecha permanente. Lo que llega a la opinión pública es la idea de que el órgano es un títere de feria al servicio del poder político y que los intereses de los partidos priman sobre la Ley y el Derecho.
Veremos en qué acaba esta espuria y fraudulenta iniciativa legislativa que ha dado pie a este comentario, pero por su conducta parece evidente que el gobierno y también la oposición tienen voluntad firme de seguir metiendo sus toscas manos en el TC como gesto de intervencionismo manipulador. De una puñetera vez –dado el asunto, escribir puñetas viene al pelo– y para no perdernos en el laberinto cuya clave muchos desconocen, convendría dejar sentado que el TC, una de las instituciones fundamentales del Estado, no puede seguir siendo tributario del poder de los partidos. Es hora ya de que dependa de sí mismo y que se desentienda de aquellos que lo que quieren es tener jueces siervos, no jueces libres. Mercadear con el TC, lo mismo que con el resto de los tribunales, es menester de traficantes que alteran la esencia de la Justicia, envenenándola.
En fin. Lamento el diagnóstico, pero creo que el Tribunal Constitucional está enfermo, que huele a hospital, tirando a tanatorio. Y lo peor es que nadie o casi nadie se da todavía cuenta de que la Justicia se contamina y pudre cuando se entrevera con la política, la ambición y las pasiones.
Para que la justicia sea grande, urge la despolitización de la justicia. Para despolitizar la justicia se requiere concienciar de ello a jueces y políticos. Para concienciar a unos y otros, habría que empezar escribiendo en el frontispicio de todos los tribunales una leyenda con las palabras de "Este no es lugar para los políticos". Sé bien que hay jueces que aman a la justicia; jueces dispuestos a dar todo por esos elementales principios. Pero tampoco ignoro dónde está el mal, ni quienes son los enemigos de la justicia, aquellos a los que se refería San Agustín en La ciudad de Dios, llamándoles partida de bandoleros.