José Manuel Gómez Benítez era el "número cuatro", el cuarto hombre del gobierno de Zapatero en las conversaciones más inconfesables con la banda terrorista ETA. Eran los tiempos de los "accidentes" de la banda, no atentados, que suponían chinitas en el camino del socialista por su paz, la misma que la de Arnaldo Otegi. Eran también los tiempos en que algunos terroristas portaban salvoconducto del Gobierno por si eran detenidos en algún control rutinario. Si les pillaban con coche robado, matrículas y documentos falsos o armas tenían una excusa: eran negociadores del "proceso de paz". Con tal privilegio se paseaban etarras como Jon Iurrebaso o Kepa Suárez. Aquel salvoconducto no era sino un número de teléfono de arriba, un número desde el que se cruzaron llamadas el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.
Es tan sabido como ignorado a efectos políticos, judiciales o penales que José Manuel Benítez puso encima de la mesa una ilegalidad, una traición como gesto de buena voluntad del gobierno de una nación ante una banda terrorista: el chivatazo en el bar Faisán. Según las actas de ETA, cuando durante la vergonzosa negociación empezaron a venir mal dadas y los etarras mostraron recelos, este vocal del CGPJ puso como aval de las intenciones del Gobierno un hecho tan simple como dramático: el Gobierno, a través de policías, avisó a ETA de una operación policial para abortarla, para dar tiempo a la huida. ¿Cabía mayor colaboración? ¿No era suficiente indicio de que la rendición estaba a las puertas con tal de que no pusieran un cadáver en el camino?
Fue la propia banda terrorista la que describió ésta y otras atrocidades en sus actas y en eso no suelen mentir. Gómez Benítez siguió siendo vocal del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces que todavía no ha demostrado si sirve para otra cosa que no sea servir a los políticos.
El caso es que el PP marcó su calendario político en torno al episodio más oscuro de la lucha contra ETA después de los GAL. No hubo miércoles en el que los ignacios, Cosidó y Gil Lázaro, no preguntaran a Rubalcaba por el chivatazo. No hubo miércoles en el que el ministro llegado a Interior para negociar con ETA mostrara coraje. El PSOE acostumbra a tratar el asunto del terrorismo desde los extremos, nunca con la ley y al final la manía olvidadiza todo lo entierra. El PP ya lo hizo hace tiempo.
Aquel plan de paz era el plan de Zapatero, el plan del PSOE. Y los que participaron fueron los hombres de Zapatero, los hombres del PSOE. Unos eran más de partido como los ministros, secretarios de Estado y directores generales. Otros eran cloaca, como lo fueron Ángel Guerrero o Paesa. Pero todos fueron PSOE.
Ahora, uno de esos hombres, el hombre "número cuatro" figura en el cartel de Pablo Iglesias, ¿el azote de la casta? Toda una declaración de intenciones, toda una confesión que viene a redondear la opinión que tiene Podemos sobre ETA por mucho que quieran matizarla, esconderla o disfrazarla. Quizá tengamos delante al hombre llamado a desempeñar una cartera de Justicia si Jiménez Villarejo prefiere la jubilación. O la de Interior, por aquello de la práctica. O las dos, como ya hiciera el inefable Juan Alberto Belloch, el del capitán Khan y los papeles de Laos. Todo ello, claro, si no vuelve Baltasar Garzón, cliente de Gómez Benítez, en cuyo despacho se pudrieron las pruebas del bar Faisán.
A pocos meses de las elecciones –ni Rajoy sabe cuándo son-, Pablo Iglesias empieza a mostrar sus verdaderas cartas. De momento, acaba de decirnos bien claro que para él, la cloaca no es casta sino sistema. Véase Venezuela, que no es exageración sino antecedente.