Por mucho estupor que produzca, ahora resulta que la Gürtel es la causa mayor para derribar al gobierno de Rajoy de un día para otro. Nadie lo sospechaba, había rumores… Es como si un alumno que no se presenta a un examen se lamentara del suspenso y pidiera revisión de nota. Más allá de que las condenas sean desorbitadas, que lo son, o de que el PP sea condenado de aquella manera, o de que Rajoy aparezca en la sentencia de la única forma posible, lo de la Gürtel estaba más que anunciado. Como el golpe de Estado en Cataluña. Pero Gürtel da mucho más juego, por lo visto.
De todos es sabido que la considerada como ley más importante de una legislatura es la que más sirve para mentir. Se da por hecho que, una vez aprobada, puede uno tumbarse a ver pasar el tiempo, ese bien tan preciado en política. Sí, la Ley de Presupuestos Generales del Estado es una suerte de miniplebiscito, una reválida para la clase gobernante en la que no importan los presupuestos sino su mera aprobación. Así que lo de menos es también quién te ayude a superar la prueba: se paga el precio pactado y listo. Debería llamarse Ley Hipotecaria Política porque de ella emanan posteriormente autopistas, estatutos de autonomía inconstitucionales, financiación vertebradora de golpes, amnistías y toda clase de prebendas en pos de la estabilidad institucional y la tranquilidad ciudadana. Es la política.
Algunos –políticos y periodistas– se felicitan porque la aprobación de los Presupuestos supone la llegada de tan preciada estabilidad. De igual modo, un gobierno en Cataluña, sea el que sea, supondrá esa misma estabilidad de pelillos a la mar. Estamentos por encima de todo, la legitimidad y la legalidad es lo de menos.
Resulta que, según Mariano Rajoy –colapso presidencial sin precedentes–, Ciudadanos tenía que tomar nota de la "lealtad" mostrada por el PSOE respecto a Cataluña y no ser "aprovechategui". Sin embargo, fue el "aprovechategui" el que le aprobó los presupuestos… con ayuda de un PNV que, horas antes, anunció un Estatuto más racista si cabe que el de los golpistas catalanes a los que tanto combate el "aprovechategui" . Y, en medio de todo, se nos apareció imputado el secretario de Estado –un viceministro– de Hacienda y aquí no pasa nada porque el último empujoncito de share político-televisivo lo daría la detención de Eduardo Zaplana retransmitida por el equipo de pre-crimen de La Sexta. Lo que sigue importando es la estabilidad.
Pues no hay forma de soportar la mezcla de desvergüenza que se nos brinda: todos ponen condiciones para apoyar o derribar pero nadie las cumple o las hace cumplir. Se piden cabezas por botes de crema y se perdonan vidas por todo lo demás. En Madrid y en Barcelona. Unos y otros.
El leal Sánchez quiere echar a Rajoy acompañado de golpistas de todo pelo. En Ciudadanos no saben dónde poner el pie para pisar tierra firme y tiran de la operación Murcia como si fuera el invento político del siglo pero aprueban esa Ley Hipotecaria Política con mala cara, como si eso constara en acta y fuera vinculante. Van los primeros pero parece que no quisieran serlo. En cuanto a Podemos, y a la espera de las encuestas a pie de tinaja sobre la continuidad de la familia de La Navata, la indignación sólo alcanzó a concentrar en Génova 13 a los justos como para celebrar un cumpleaños de Morgan Freeman.
Lo más sorprendente de todo es que nada nos debería pillar por sorpresa. El historial aliancista de Pedro Sánchez sólo tiene comparación con el de don Juan, capaz de buscar el concurso de Himmler, de los comunistas o de quien fuera menester con tal, no ya de echar a Franco sino de que Franco lo designara sucesor a él en vez de a su hijo. Y eso que eran otros tiempos. El caso es que la "lealtad" de Sánchez ya no le hace falta a Sánchez. Basta escuchar su respuesta a Albert Rivera ante la petición de unas elecciones generales:
"Hay que recordarle al señor Rivera que las mociones son constructivas, son para darle un Gobierno al país. Convocaremos elecciones, cuanto antes, por supuesto, pero antes de eso habrá que recuperar la normalidad política e institucional, atender las urgencias sociales y abordar una tarea de regeneración democrática".
¡"Cuánto antes", dice! Pues con esa tarea transitoria de salvación nacional que se propone el leal socialista habría como para veinte años con el 155, otros diez mientras se refunda el PSOE corrupto de Andalucía, los necesarios para que dimita media clase política española y otros cinco de cortesía. O sea que "no es no" otra vez y ya se ve en La Moncloa, lleno de banderas.
Si rebobinamos un poco este episodio dramático de España nos encontramos a un presidente en funciones que rechazó por dos veces la propuesta del Rey de formar gobierno pero que ahora no quiere irse por más que sea necesario. Veremos también al Rey tomando las riendas del desánimo social con un discurso que el Gobierno, lejos de aprovechar, quiso diluir en Cataluña. Y asistiremos al espectáculo ofrecido por un partido fratricida que juega con frenesí a los diez negritos. Pero ahora resulta que el PSOE incorruptible, con los golpistas y quizá con los proletarios de finca va a regenerar España gracias al inesperado estallido del caso Gürtel del que nada se sabía, mientras Ciudadanos, única salida viable, busca la fórmula para regenerar sin molestar, que es como lo de la tortilla y los huevos.
Soraya Sáenz de Santamaría debió dimitir cuando dijo a Puigdemont en octubre de 2016: "Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución". Era su consejo ante la pregunta que el Gobierno formuló gentilmente al rebelde sobre si había declarado la independencia o no. No es fácil olvidar aquella afrenta: el Gobierno preguntando a Tejero si quizá ha entrado en el Congreso pegando tiros y sugiriéndole que responda que no para no revolver demasiado la cosa.
Cristóbal Montoro debió dimitir dos veces: La primera, por negar desviaciones de presupuestos públicos para el golpe de Estado. Una simple deducción de testimonio del ministro en entrevista con Jorge Bustos animó al juez Llarena, pero el peso de la Ley es bien liviano comparado con el del Gobierno. La otra, por llegar al debate de Presupuestos con su viceministro imputado por hacer en Jaén lo que debería perseguir en toda España.
Rafael Catalá debió dimitir por señalar a un juez discrepante en la sentencia de La Manada pero acatar y respetar la humillación de un juzgado provincial alemán avalado por una ministra que cobija al golpista Puigdemont.
Íñigo Méndez de Vigo debió dimitir cuando dijo que el adoctrinamiento en los colegios de Cataluña no existe o apenas llega a casos aislados…
La lista podría hacerse más larga y en todos los casos debió dimitir primero el presidente Rajoy. Pero ahora es la Gürtel lo que importa. Cataluña siempre es lo de menos, es sólo un golpe de Estado consentido.
España parece moverse por cuarentenas y estamos a punto de inaugurar la tercera. Qué pena que no se celebren elecciones el próximo 6 de diciembre, día de funeral.