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Javier Somalo

Mamá Celaá

En el fondo, discutimos sobre competencias transferidas que no gustan nada al Gobierno porque esquivan los planes quinquenales del proyecto que tiene previsto para los próximos primeros treinta años de su régimen.

Javier Somalo

El multitudinario gobierno que no cabe en la mesa del Consejo de Ministros ni en los bancos azules ya tiene con qué divertirse: el PIN parental o la alerta antifascista que supone un problema para España muy superior a cualquier golpe de Estado, según parece. Y de paso, con el PIN escamotean el escándalo de la orgía de Poderes asentada ya en España con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Partido. Si no llega a ser por el dichoso PIN, Celaá y las Montero habrían dedicado la rueda de prensa de este viernes a cantar como las Andrews Sister con tal de no pasar vergüenza porque no tenían absolutamente nada que decir.

El primer problema de la Educación en España es lo que estudian y aprenden los niños. Son muchos los profesores que siempre superan la ineficacia o perversión de cualquier sistema educativo esforzándose en enseñar las materias que les corresponde pese a que la maquinaria burócrata les obligue a no sacar los pies del río que pasa por su comunidad autónoma aunque vivan en las Canarias. Lo cierto es que la calidad de la enseñanza es mala y depende de cada comunidad, o sea, de la política. La Enseñanza, como la Justicia, son pilares de toda democracia y en España están en alerta de derribo. Otra cosa es que siempre habrá jueces, fiscales, colegios y maestros en los que confiar o, al menos, que nos hagan albergar cierta esperanza.

Ahora que hay que "desjudicializar la política" –receta infalible para que prospere el golpe de la Generalidad– y despolitizar la Justicia, quizá también haya que reclamar con renovado entusiasmo la despolitización de la Educación para que los niños aprendan y retengan algo para el futuro. Mientras cundan los ejemplos de "enseñar a aprender" aquí nadie será capaz de decir o recordar algo sensato sobre el Siglo de Oro español o sobre el río Ebro o sobre la Década Ominosa o sobre los gases nobles y, no digamos ya si nos metemos en la Historia de España a partir de los años 30 del siglo pasado. Hablan de la Memoria Histórica pero consideran criminal que los niños memoricen datos históricos, que ya está Google y algún Ministerio para salir del paso. Pues resulta que la memoria –la de estudiar– iguala bastante a los inteligentes por naturaleza con los que no lo son tanto. Y esto hay muchos profesores que lo saben.

Pero si ha saltado el PIN es porque se quiere convertir el feminismo radical en asignatura aunque sea, de momento, en formato de charlas. Por eso y porque la medida la ha propuesto Vox, claro. Pero ya que lo han elevado a tal categoría que merece una acción de la Justicia –no hay que judicializar la política salvo que les beneficie– conviene repasar algunos episodios antes de restar importancia a la polémica que nos perseguirá durante varias semanas.

El primero de ellos es Infancia Libre, asociación presidida por la que fuera asesora de Podemos, María Sevilla. No recuerdo haber oído al PSOE criticar los protocolos de esta secta. Sí recuerdo perfectamente que Podemos –hoy en el Gobierno – la defendió sin ambages pese a que la Policía detuvo a cuatro de sus miembros, incluida María Sevilla. Se trataba de una infancia libre… del padre, es decir, secuestrada por la madre aunque fuera a base de fármacos. En resumen, el exponente más claro de la batalla contra el "heteropatriarcado" que predican. Hoy, los que amparaban y se asesoraban con esta trama "criminal", en palabras de la Policía, están en el Ministerio de Igualdad.

Más. Beatriz Gimeno, diputada de Podemos y actual Directora del Instituto de la Mujer, dice que las mujeres que son heterosexuales es por imposición de los hombres, cosa que podría corregirse invirtiendo el proceso de penetración, pero sin acritud. Ella lo llama –o así lo hacía en 2011, que puede haberse arrepentido– luchar contra "las prácticas sexuales hegemónicas y heteronormativas". Como discusión antropológica habrá quien le encuentre cierto interés pero dudo que redunde en beneficios para la igualdad de sexos o que sea un problema acuciante, salvo que hablemos de sociedades ricas como la nuestra en las que la lucha de clases ya no tiene mucha clientela y se necesite otro frente rentable de batalla.

Con estos antecedentes, ciertos hasta para los organismos "independientes" que se dedican a verificar que la derecha miente mientras la izquierda cobra, desde luego cabe alguna precaución ante los contenidos escolares que puedan considerarse adecuados. Dudo que en un colegio, y a las edades en las que se prevé este tipo "educación", se siembre el pánico entre los alumnos por una charla que, seamos realistas, suelen tomarse como una hora libre. Pero no cabe duda de que la educación sexual, que no es ninguna novedad ni carece de importancia, no tiene nada que ver con la ideología de género que tratan de imponer desde el PSOE y Podemos para fabricar votantes cautivos desde las aulas. No está de más recordar que, si fuera por Podemos, votarían los niños antes de terminar de crecer biológicamente.

En el fondo, discutimos sobre competencias transferidas que no gustan nada al Gobierno de Sánchez porque pueden esquivar los planes quinquenales del proyecto que tiene previsto para los próximos primeros treinta años de su régimen. Y el orden individual es siempre el que más molesta a la izquierda. Detestan todo aquello que suponga elección particular, error o acierto propio, o sea: libertad. Es un coto al Estado-intruso que les incomoda sobremanera. Y en el terreno de la Educación lo que más temen, salta a la vista, es perder clientes. Siempre han preferido cebar en la granja y quizá por eso no se llevan tan mal con los nacionalistas, sean de izquierdas o derechas.

Isabel Celaá, que ya no es portavoz pero lo sigue creyendo, se ha lucido este viernes a costa del PIN parental. El caso es que sabe dar titulares: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres". El día anterior ya dijo que lo del PIN parental es "una objeción de conciencia encubierta" y, meses atrás se despachó con las escuelas católicas sentenciando que "de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza".

Para todas esas frases encontrará Celaá jurisprudencia que, en realidad, lo que viene a corroborar es que el individuo lo es desde que nace y que el Estado vela por ello y que ella sólo pone los instrumentos necesarios para su correcta ejecución. Tan segura está de ello que le ha cogido verdadera afición a la locución "de ninguna de las maneras". El caso es que nunca –de ninguna de las maneras– hallará Celaá mención legal alguna para la violación diaria de la Constitución y de los derechos fundamentales en los patios de las madrasas nacionalistas de Cataluña y sus satélites. Celaá dice que el PIN "afecta a derechos fundamentales", pero no ocurre lo mismo con la persecución de la Stasi de la Generalidad en los recreos, versión colegial pero auténtica de La vida de los otros (por si a alguna Dirección General de Algo le molestara el ejemplo de las madrasas).

A todo esto, Irene Montero no tiene nada concreto de momento. Salvo la finca. Ante varias preguntas de la prensa sobre su cartera ministerial dice que irá informando cuando se vaya enterando de qué va la cosa… Pero si algún periodista le brinda la oportunidad de un mitin en lenguaje inclusivo y excesivo, ahí es cuando se remanga y dice:

"Los hijos y las hijas de padres y madres homófobos tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados a que tienen el derecho [sic] de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran.

Los hijos y las hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en libertad, en el feminismo, en igualdad y en los valores que hace mucho tiempo que la humanidad consideró que eran los valores que nos permiten a todos y a todas tener una vida digna de ser vivida".

Sin lenguaje inclusivo, el mensaje es más corto. Y luego, a la finca en coche oficial de ministra tras despedir a la escolta que le traía los churros y le calentaba el coche. En la sierra hace un frío que pela.

La Comunidad de Madrid ya se ha comprometido a que los centros educativos hagan algo básico en una democracia: informar para que se pueda elegir. En ese orden, claro. Con una decisión tan sencilla no hace falta mucho más. Hará bien Vox en no convertir el PIN parental en un problema con sus socios donde no existe y harán bien el PP y Ciudadanos en dedicar sus esfuerzos a luchar, también con Vox, contra el autoritarismo de papá Estado que, como no hay que discriminar "de ninguna de las maneras", ya cuenta con la inestimable ayuda de mamá Celaá.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

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