El presidente de la CEOE, Joan Rosell, propone la reforma constitucional como vía intermedia entre la independencia de Cataluña y "la sumisión total". Así pues, tras diseñar el Estado autonómico según los deseos de los catalanistas y tras cuatro décadas de Gobiernos nacionales pactando legislaturas con ellos, ahora resulta que Cataluña está sometida.
Pero, silencio, un momento… ¿Por qué han cesado los trinos de los pájaros? ¿De dónde vienen esos extraños lamentos? ¿Y ese frío repentino? ¿Y ese aroma de tierra húmeda? ¿Y ese entrechocar de huesos…?
Es Joaquín María Sanromá, que, tras su largo sueño de ciento veinte años, se ha alzado de su tumba invocado por las taumatúrgicas palabras de su paisano Rosell. Pero que no cunda el pánico, que no es zombi ni vampiro, sino un erudito economista, coautor, junto al ministro de Hacienda, también catalán, Laureano Figuerola, de la reforma arancelaria librecambista que provocó la ira de los muy proteccionistas industriales catalanes. Así describió a sus "buenos paisanos del hilado y el tejido" de mediados del siglo XIX:
Gimoteando siempre; siempre tan desatendidos, siempre tan melancólicos. Condición eterna de aquellas gentes: hacer la fortuna a pucheritos.
Se pasó la vida denunciando –y las siguientes son palabras textuales– su avaricia, sus privilegios, sus presiones sobre los gobiernos, su mangoneo, sus excomuniones a todo el que se les opusiera, su explotación del resto de España…
No fue más suave Figuerola al sentenciar: "La razón no está de parte de mis paisanos", y al declarar en 1885: "Hoy lo mismo que hace cuarenta años, presentan los mismos argumentos y las mismas amenazas [para] sacrificar el interés general de la nación a los suyos particulares" y para seguir levantando palacios gracias a la "acumulación de millones en sus bolsillos, sacándolos de los bolsillos de los demás españoles".
Durante más de dos siglos no cesaron las voces contra la privilegiada explotación del mercado español por parte de algunos industriales catalanes. El ministro de Hacienda Pío Pita Pizarro, por ejemplo, lamentó en 1840
la gran influencia que los fabricantes catalanes tienen en el gobierno para sostener el sistema prohibitivo y de monopolio que tan enormes ganancias les produce a costa de la nación.
Cuatro décadas más tarde, el diputado liberal Luis Felipe Aguilera criticó a "ciertos industriales de Cataluña, que anteponen siempre sus egoístas intereses particulares a las conveniencias generales del país". Y el republicano Manuel Pedregal hizo hincapié en los perjuicios sufridos en otras provincias españolas, como Galicia, Asturias y Valencia, donde "debieran levantarse hasta las piedras contra esta intransigencia de Cataluña".
En respuesta a los políticos defensores del libre cambio, en la prensa catalana comenzaron a aparecer algunos artículos denunciando "lo falseado que está entre nosotros el régimen parlamentario" (el equivalente decimonónico a la "democracia de baja calidad" que los nacionalistas achacan hoy a España), por lo que se empezó a proponer "aflojar los lazos que ligan Cataluña a las demás provincias". Así respondió el diputado republicano Gumersindo de Azcárate:
Es gracioso en verdad esto de querer aflojar esos lazos cuando los atados somos nosotros y en beneficio de ellos. Estoy conforme con los proteccionistas catalanes en que, si sucede lo que estamos viendo, es debido al falseamiento del régimen parlamentario. Sí, es verdad; el deplorable estado de la política en nuestro país ha influido en esta cuestión, pero ha sido a favor de los fabricantes barceloneses.
Por otro lado, los industriales catalanes fueron los más imperialistas, los más belicistas, los más esclavistas, los más patrioteros y los más férreos opositores a la concesión de la más leve autonomía administrativa y económica a las provincias de ultramar, así como los que más presionaron a los gobiernos para que gastaran hasta la última peseta y la última gota de sangre en defensa de la integridad de la patria.
"¿Quién consumiría, Exmo. Sr., lo que Cataluña produce, si las Antillas dejaran de ser españolas?", escribieron al Gobierno cuando anunció en 1872 la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, temida por muchos como el principio del fin de las colonias.
Y cuando los cubanos pidieron en 1890 la suavización de la presión arancelaria que garantizaba el monopolio del mercado ultramarino para la industria peninsular estrangulando la economía de la isla, los miembros de la patronal catalana, el Fomento del Trabajo Nacional, con su "corazón de españoles profundamente herido", les acusaron de "crimen de lesa nación". E incluso se permitieron amenazar así al Gobierno:
He aquí lo que en modo ninguno podemos permitir, y ¡ay del gobierno débil que lo admita, dejándose llevar de asechanzas de imponderable alcance!
No en vano el presidente Sagasta recordó en el parlamento al diputado de la Lliga Bartomeu Robert la especial responsabilidad de Cataluña en el Desastre del 98:
¿Quién duda que Cataluña se ha hecho rica por España y con España? ¿Quién duda que, para hacerse rica, ha habido necesidad de concederla en las leyes ciertos privilegios que le han dado ventajas sobre sus hermanas, las demás provincias de España? ¿Quién duda que quizá el malestar de nuestras perdidas Antillas haya sido debido a la preferencia que daba España a Cataluña?
A lo que hay que añadir la inaudita felonía de Prat de la Riba escribiendo en noviembre de 1898, con la sangre de los caídos aún caliente, que si hasta ese momento gran parte de los productores catalanes se habían mantenido al margen del movimiento nacionalista se había debido a que "compensaban con los derechos de aduana los perjuicios que el desorden administrativo les causaba". Pero, una vez perdidas las colonias, ya no era negocio seguir en España, por lo que ofreció a Francia la anexión de Cataluña.
En los años veinte, cuando el terrorismo anarquista turbó la tranquilidad de los industriales catalanes, éstos, por medio de su portavoz Cambó –sí, el del arancel que estuvo en vigor hasta 1960–, pidieron al Gobierno que encargase al general Martínez Anido zanjar el asunto por las buenas o por las malas. Y, efectivamente, así lo hizo, para escándalo de muchos que, como Unamuno, acusaron al Ejército de "servir a la constitución autonómica de la Lliga en contra de la Constitución del Reino de España".
Lo mismo sucedió en 1923 con una Lliga respaldando a Primo de Rivera; y en 1936 representando un papel muy destacado en el bando alzado, con Cambó poniendo su fortuna a los pies de Franco, organizando el contraespionaje y propaganda nacional en Francia y encabezando el manifiesto de personalidades catalanas que exhortó a sus paisanos a que tomasen las armas "contra la barbarie comunista".
Y de ahí surgió el régimen al que sirvieron, entre otros muchos altos cargos catalanes, veintitrés consejeros nacionales del Movimiento, ciento ochenta y siete procuradores en Cortes y una docena de ministros, entre ellos Pedro Gual Villalbí, ministro sin cartera con la única ocupación de defender los intereses de la oligarquía catalana sentado a la diestra del Caudillo. Ninguna otra región gozó de tan alto privilegio.
Por si hubiese algún interesado, todo esto y mucho más lo pueden encontrar en El privilegio catalán. 300 años de negocio de la burguesía catalana.
Y ya no nos queda espacio para hablar de todas las inversiones, subvenciones, regalos, distinciones, prebendas, preferencias, privilegios e inmunidades, muchas de ellas ilegales y anticonstitucionales –de lo que son culpables todos los gobiernos desde Adolfo Suárez hasta hoy–, recibidas por los gobernantes e industriales catalanes durante estos últimos cuarenta años de ese Estado de las Autonomías que, según ha dicho Joan Rosell, tiene a Cataluña sometida.