Los detractores de la expropiación para uso público tienen por fin algo que celebrar. Tras una campaña en contra de sus planes, Target Corp. ha decidido no construir una tienda sobre una propiedad expropiada en Arlington Heights, Illinois.
Hace cinco años, los miembros del consistorio declararon al centro comercial International Plaza y otros inmuebles en estado de ruina, abriendo el camino para su expropiación. Los propietarios del negocio que iban a perder sus tiendas combatieron la designación de "ruina" en los tribunales, pero perdieron. Aún así no abandonaron la lucha. Pasaron a manifestarse junto a sus partidarios en las reuniones del consistorio. Fueron ayudados por la Sam Adams Alliance and Foundation, la cual lanzó una campaña postal, telefónica y popular que amenazaba con boicotear a Target si la compañía seguía adelante con sus planes de ocupar los terrenos expropiados por el gobierno.
A finales de mayo, la organización anunció triunfalmente: "Target ha echado la marcha atrás de su contrato con la ciudad. Los propietarios del International Plaza han salvado su propiedad del abuso de la capacidad de expropiación, al menos por el momento." El fiscal del distrito afirmó que las demandas aún pendientes presentadas por los propietarios del centro comercial fueron uno de los motivos de la decisión de Target.
Es sólo un aplazamiento. Los miembros del consistorio huelen la pasta, de modo que podrían buscar otra empresa importante para que se convirtiera en la principal explotadora de la zona de promoción de catorce hectáreas. En el pasado, diversas cadenas han estado más que predispuestas a construir sobre propiedades robadas. De modo que los habitantes de Arlington Heights y la Sam Adams Alliance podrían tener que lanzar otra campaña. Lo cual no quita, claro, que el anuncio de Target es una gran noticia.
La cláusula de "apropiaciones" de la Quinta Enmienda a la Constitución afirma que el Gobierno no puede expropiar propiedades privadas "para uso público sin una compensación justa". Tengo objeciones a que a cualquiera se le quite su propiedad por la fuerza, pero al menos tradicionalmente se empleaba sólo para la construcción de autopistas, puentes y parques, es decir, para infraestructuras destinadas a beneficiar a todos. Pero a lo largo de los últimos 40 años, los gobiernos han redefinido "uso público" con el fin de incluir los usos privados que consideran que tienen beneficios públicos. Las ciudades pequeñas comenzaron a demoler propiedades que declaraban ruinosas para entregar el terreno a promotores privados que pudiesen garantizar más ingresos fiscales y puestos de trabajo.
En el 2005, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio sus bendiciones a este escandaloso argumento en el infame veredicto del caso Kelo vs. New London. Afortunadamente, al fallo le siguió una fuerte reacción pública, por lo que 41 estados han impuesto restricciones a las expropiaciones para cesión a entidades privadas. Pero muchas de estas leyes tienen vacíos para propiedades declaradas en estado de ruina. La ruina se encuentra en los ojos del que mira. El Instituto para la Justicia, un bufete liberal dedicado a asuntos de interés público, afirma que "la definición de 'ruina' se ha extendido tanto y tan arbitrariamente que los gobiernos ya acostumbran a poner sus puntos de mira de las grúas de demolición a hogares perfectamente sólidos de vecindarios normales y corrientes."
El uso de la expropiación para beneficio privado es la punta del iceberg de una amenaza a la libertad individual que pasa desapercibida. Los estados y los municipios se involucran rutinariamente en una planificación económica que haría avergonzarse a la Unión Soviética. Las juntas estatales de planificación y los consistorios manipulan las leyes fiscales y entregan subvenciones a vendedores y fabricantes de su cuerda, mientras que aquellos que carecen de conexiones políticas padecen toda la carga fiscal o son directamente cerrados de la noche a la mañana. Este favoritismo aumenta cuando los gobiernos compiten fervientemente entre sí para atraer a una gran superficie o una planta de montaje de automóviles. Las empresas privadas coquetean con cada Gobierno frente a los demás con el fin de obtener la mayor subvención posible.
¿Quién paga? Los contribuyentes y los propietarios obligados a hacer sacrificios por "el bien común".
¿Por qué asumimos de políticos y burócratas saben mejor lo que es mejor para la comunidad que los propios individuos? La competencia en los mercados libres beneficia a todo el mundo. El intercambio voluntario es siempre una situación en la que todos ganan. Las conspiraciones políticas –que siempre requieren del uso de la fuerza– benefician a algunos a expensas de otros. Muchas personas desinformadas piensan que no puede haber desarrollo económico sin planificación. Eso es otro mito. Gran parte del sorprendente crecimiento económico de Estados Unidos tuvo lugar sin que el Gobierno lo guiara.
La noticia de Arlington Heights demuestra que las grandes compañías reaccionan ante las protestas públicas. Existe un motivo para eso. El Gobierno dejará de robar propiedades privadas a los indefensos cuando las empresas rechacen cooperar en este despropósito ilegal. De modo que la próxima vez que uno de esos gigantes firme un proyecto de desarrollo hecho posible gracias a las expropiaciones, hágale saber lo furioso que eso le pone.
