Los demócratas que ahora controlan el Congreso quieren alterar los subsidios a los medicamentos de Medicare impulsados por el presidente Bush para obligar a los funcionarios del Gobierno a negociar los precios de las medicinas con las compañías farmacéuticas. Bajo el programa actual, las compañías aseguradoras en competencia cierran los acuerdos y ofrecen cobertura a jubilados e impedidos. Es una lección más del bien establecido principio de que la intervención gubernamental atrae más intervención gubernamental.
Cuando Bush convirtió en ley este programa, la convirtió en la mayor expansión del estado de bienestar desde la Great Society de Lyndon Johnson. Como sucede con todos los programas que dicen conceder "derechos", los costes se dispararán. Los programas sanitarios financiados con impuestos siempre son más caros de lo prometido.
El congresista demócrata John Dingell defiende la propuesta de negociación de las medicinas, con el argumento de que "permitirá precios más bajos para la tercera edad, precios más bajos en las farmacias y un ahorro para todos los contribuyentes". A primera vista, la idea tiene sentido. En lugar de que haya varias compañías compitiendo por negociar el precio de las medicinas, una única, enorme y poderosa entidad llevaría a cabo la negociación. ¿Reduciría eso los precios?
Podría hacerlo, y eso es parte del problema. Cuando alguien promete ayudas provenientes de un monopolio gubernamental, deberíamos sospechar. El Estado no produce cosas. Simplemente utiliza la fuerza para cambiarlas de manos. De modo que, ¿por qué pensar que a Medicare, que está bien lejos de ser un ejemplo de eficacia, se le debe conceder el poder de negociar –que en la práctica sería controlar– los precios?
El poder del Estado para negociar precios más bajos de las medicinas presuntamente proviene de los 43 millones de beneficiarios de Medicare. Según la teoría, las farmacéuticas no tendrán otra elección que someterse a las demandas del Gobierno, porque sería autodestructivo que sus productos fueran excluidos del programa.
Pero hay problemas con esa teoría. En primer lugar, el Estado no sabe cuál es el precio "adecuado". En el mundo real, los precios son fijados por la oferta y la demanda. El Gobierno no forma parte del mercado, y no tendría competidores. Se sentaría en la mesa de "negociación" diciendo: "lo tomas o lo dejas".
La historia no tendrá un final feliz. Se necesita un montón de dinero para desarrollar medicinas. Lograr que una medicación nueva atraviese el laberinto de los procesos de aprobación de la FDA hasta llegar el consumidor exige mil millones de dólares. La mayor parte de las medicinas que comienzan a investigarse ni siquiera llegan tan lejos. Es un negocio intensivo en fracasos. El éxito ocasional es lo que lo hace valioso.
De modo que, cuando el Estado utiliza su poder para forzar que los precios se coloquen por debajo de los niveles del mercado, las farmacéuticas desarrollan menos medicamentos que salvan vidas. Sufriremos más dolor y tendremos vidas más cortas.
Los asegurados de Medicare probablemente ni siquiera tengan acceso a algunas medicinas ya a la venta. Basta con echar un vistazo al Departamento de Asuntos de los Veteranos de Guerra para confirmarlo. Resulta que comí recientemente con la senadora Hillary Clinton. Cuando empecé una de mis habituales diatribas liberales sobre el libre mercado, la Clinton contestó mencionando dicho departamento como un ejemplo de los éxitos del Estado. De hecho, bajo la administración de su marido, la Administración Sanitaria de los Veteranos de Guerra llegó a proporcionar "el mejor cuidado médico del país", según The Washington Monthly. Genial.
Pero monopolios gubernamentales como ese departamento nunca apoyan la innovación como el mercado libre. Además, en este momento está racionando las medicinas. Si usted es un paciente que necesita un medicamento nuevo y caro, no lo recibirá. Sally Pipes, presidente del Pacific Research Institute y autora de Miracle Cure: How to Solve America's Health-Care Crisis and Why Canada Isn't the Answer, escribe: "Sólo el 19% de las medicinas aprobadas por la FDA desde el año 2000 aparecen enumeradas en la lista de prestaciones, y sólo el 38% de las aprobadas en los 90 están presentes en la misma." En otras palabras, el departamento mantiene el control de los costes recortando el acceso a las medicinas a los veteranos.
El enorme programa de subsidios a las medicinas de Medicare, que generó el problema de costes que los demócratas afirman que su medida solucionará, no debió haberse creado nunca. Tendríamos que recibir las medicinas a través del mercado o de organizaciones privadas de caridad. Y si ha de implicarse el Estado, mejor que lo esté a través de los cincuenta estados que forman nuestro país, de modo que puedan competir entre sí.
Lo último que deberíamos hacer es dar más poder a los funcionarios federales. Cuando el Estado controla los precios, acaba racionando los suministros. El consumidor sufre. Cuando el producto en cuestión son las medicinas, los resultados pueden ser catastróficos.
