Nicaragua está viviendo un momento político extraordinario. El presidente que gobernó el país entre 1996 y el 2001, Arnoldo Alemán, está próximo a ser llevado ante los tribunales de justicia para que responda a las acusaciones que la Procuraduría General de Justicia ha incoado en su contra por actos de corrupción cometidos durante su mandato. Muchos de los funcionarios de su gobierno han huido del país, y su íntimo amigo y cercano colaborador, Byron Jerez, guarda prisión en una cárcel de Managua. Durante la presidencia de Alemán, Jerez se desempeñó como director general de ingresos.
La principal acusación contra Alemán es por el delito de lavado de dinero. Se supone que Alemán utilizó una fundación domiciliada en Panamá –la Fundación Democrática Nicaragüense– para lavar millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Los socios de la fundación son, además del mismo Alemán, su hija María Dolores y Byron Jerez. Ellos, sin embargo, alegan que dicha fundación era para "ayudar a preservar la democracia en Nicaragua".
Pero para que Alemán pueda enfrentar la justicia se necesita primero que sea despojado de su inmunidad parlamentaria. Al asumir Enrique Bolaños la presidencia de la república a principios de este año, Alemán se hizo elegir presidente del parlamento, con el nada oculto propósito de conservar una alta cuota de poder y de tratar de ejercer desde ahí el poder real. Según los cálculos de Alemán, el presidente Bolaños –quien fue su vicepresidente– sería un jefe de estado dócil y sumiso. Alemán se equivocó. Bolaños –miembro del Partido Liberal al cual pertenece también Alemán– ha decidido gobernar y hacer realidad su promesa de campaña de que bajo su presidencia nadie estaría por encima de la ley.
Lo extraordinario del caso, sin embargo, es que Bolaños ha necesitado la cooperación de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional para salir de Alemán. El pasado 19 de septiembre, un grupo de asambleístas –en su mayoría sandinistas– se unió con un pequeño grupo de liberales disidentes. La escasa mayoría de la mitad más uno que conformaron fue suficiente para destituir ese mismo día a la junta directiva de la Asamblea Nacional que presidía Alemán y que se negaba a introducir en agenda la solicitud judicial para despojarlo del manto de inmunidad, impidiendo así que el plenario de la Asamblea pudiera resolver al respecto. La nueva junta directiva ha sido reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por toda la comunidad diplomática acreditada en Nicaragua, incluyendo a los Estados Unidos. Alemán pretendía alegar ante la OEA que había sido víctima de un "golpe de estado".
Aunque los liberales en la Asamblea Nacional siguen siendo mayoría, están divididos: unos cuantos apoyan a Bolaños, pero el grueso de ellos sigue apoyando a Alemán. No obstante, la nueva junta directiva ha iniciado el proceso de desafuero y se espera que en los próximos días los liberales disidentes junto con los sandinistas vuelvan a votar unidos para quitarle la inmunidad al ex presidente Alemán. Este ha rehusado renunciar a ella, alegando que "no cree en la justicia de Nicaragua".
El acercamiento a los sandinistas que el presidente Bolaños ha tenido que hacer para quitarse de encima a Alemán le está costando mucho entre algunos liberales, que creen que el presidente ha decidido cogobernar con el sandinismo. Pero eso no es cierto. La verdad es que a Bolaños no le quedó más opción que hacer una jugada política de alto riesgo. Sin embargo, se espera que una vez que Alemán sea desaforado, enjuiciado –y, muy posiblemente, encarcelado– los liberales limen sus asperezas y logren recomponerse en bancada mayoritaria en el parlamento. Cuando eso suceda, es muy probable que el país entre en un período de normalidad política en el que el ejecutivo liberal tenga –como es debido– el apoyo mayoritario del Partido Liberal en el parlamento, y que el sandinismo vuelva a ocupar el puesto de partido de oposición que le corresponde.
Jorge Salaverry es corresponsal de AIPE en Managua y miembro del consejo editorial del diario La Prensa.
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