¿Se imagina que los balances de las empresas siempre fuesen falsos, que los médicos mintiesen sobre sus curriculums o que los fabricantes de coches manipulasen abiertamente sus pruebas de seguridad en beneficio propio? ¿Qué ocurriría si además el accionista y el cliente de estos servicios estuviesen cautivos (sólo pudiesen recurrir a un oferente forzoso) y nada –ni la competencia, ni la libre elección, ni la justicia– les amparasen?
El Gobierno de España está actuando de igual forma con la situación económica actual. Incapaz de luchar contra la crisis, manipula estadísticas, aumenta el gasto irresponsablemente y se dedica a poner en marcha remedios anti crisis tan útiles como las juanolas contra el cáncer. No lo hace un malvado capitalista, sino aquel que se autoproclama representante del bien común.
El Ministerio de Trabajo esconde medio millón de extranjeros que tendrían que estar en el INEM; quiere que los prejubilados no consten en las cifras del paro; contabiliza a chicos de catorce años como trabajadores... y la lista de manipulaciones sigue.
Los indicadores macroeconómicos son medios o herramientas que han de servir para identificar la realidad económica de un área geográfica determinada. Manipularlos no significa que la realidad vaya a cambiar. Si teniendo fiebre, bajamos la temperatura del termómetro antes de mirarla, esto no va a significar que estemos sanos. Negar la crisis, como hizo el Gobierno, tampoco evitó que nos metiéramos en ella. ¿Es lícito que los políticos mientan y creen una "realidad oficial" o prometan cosas falsas en su beneficio?
Un abogado español puso la actual democracia a prueba. Demandó al PSOE por incumplir su programa electoral de 2004. La conclusión del juez fue que no se puede reclamar al Gobierno ni a los partidos políticos el cumplimiento de sus programas. Esto es, pueden mentir abiertamente sin tener responsabilidad alguna, algo que, evidentemente, no se pueden permitir las empresas privadas.
No son sorprendentes las conclusiones del juez ni los actos de los políticos y gobernantes. Los últimos, ordenan al primero, y a la vez, los dirigentes políticos viven en una anarquía que está por encima de cualquier ley, lo que les permite ser irresponsables con sus actos.
Lo asombroso de esta situación es la complacencia de una sociedad que, ante el deterioro de su calidad de vida con más de cuatro millones de parados, ante el desplome de la riqueza y ante la irresponsabilidad y manipulación informativa del poder, sólo sabe pedir más regulación y más fuerza para el Gobierno que para ella misma.
Si el Gobierno miente en sus estadísticas, esto es, manipula la información, ¿cómo pretendemos que cree una educación justa y neutra para nuestros hijos o se dedique a dar licencias de televisión y radio? ¿Qué le importa el bien común a un Gobierno que es capaz de crear una realidad oficial totalmente divergente a la situación real de las personas? ¿Qué sentido tiene que un charlatán y embaucador así se proclame jerarca y máximo representante de los asuntos sociales y a la vez no sea responsable de los resultados? ¿Qué ocurre cuando los sindicatos se convierten prácticamente en un ministerio más del Estado? ¿Qué legitimidad tienen para tomar nuestro dinero por la fuerza cuando no será gastado ni siquiera en las promesas que ofrecen?
Si el ciudadano no pone freno a esta vorágine gubernamental para acabar con la voluntad, bienestar y libertad del hombre, sólo estará conviertiendo su complacencia en esclavitud (estado al que llegamos hace años). Lo adelantó José Montilla. Cuando la prensa le preguntó por la alta abstención en las últimas elecciones de Cataluña, el president dijo que muchas personas no votaron "porque ya les está bien el Gobierno que hay". La indiferencia es servidumbre. Es una victoria política.
Cambiar de tirano cada cuatro años no es libertad. La libertad sólo la ofrece la acción diaria del ciudadano contra el Gobierno. En Estados Unidos, al menos, lo están intentando con las Tea Parties. Tomemos nota.