Imaginemos que somos un acomodador que tiene que llenar un aforo inmenso donde continuamente quiere entrar gente por un montón de puertas. Parece fácil, pero se nos van a presentar varios problemas. No sabemos cuánta gente hay dentro, no sabemos cuántas butacas hay ni cuántas están llenas o vacías, ni tampoco cuánta gente está entrando y saliendo de la sala. Estamos condenados al fracaso porque intentamos centralizar un tipo de información que no puede ser centralizada. Por más que nos pongamos a discutir sobre cuánta gente ha de entrar y salir, nunca llegaremos a saber cuánta lo está haciendo realmente.
Algo similar le ocurre al tema de la inmigración y la productividad del país. Para el ministro Caldera, España necesita 200.000 inmigrantes más este año. Por otra parte, distintas organizaciones dicen todo lo contrario. Todos ellos dan supuestas soluciones a un problema que no las tiene. De hecho, el verdadero problema es creer que existe una solución y que se puede alcanzar por medio de restricciones centralistas. La información es tan contradictoria que ni el propio gobierno se pone de acuerdo. Por ejemplo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de 2006 aparecían 745.000 inmigrantes en estado de ocupados que no existen en la Seguridad Social. No sólo eso, sino que casi 450.000 españoles registrados en la EPA como ocupados no están dados de alta en la Seguridad Social. Otro ejemplo, si le preguntamos a Caldera cuántos ecuatorianos hay en España nos dirá que 400.000, tal y como afirmó en su último viaje a Quito, pero si le preguntamos lo mismo al responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, nos dirá que 700.000. ¿Quién tiene razón? Probablemente, ninguno de los dos.
A Caldera le ocurre lo mismo que al acomodador de nuestro ejemplo: no tiene ni idea de lo que está manejando. No sabe cuántos inmigrantes tiene España, ni cuántos entran ni salen, ni cuál es la producción real de España (el PIB no es muy de fiar), ni la oferta ni demanda laboral efectiva ni, en definitiva, la mayoría de datos que usa en sus cálculos. El error de los políticos es que tratan a España y sus habitantes como si fueran de su propiedad regulando las acciones humanas, decidiendo sobre las vidas de las personas: Caldera decide la "cuota productiva" de inmigrantes que ha de entrar para mantener el "bienestar del país". La realidad es otra y el fracaso evidente, ¿o es que Caldera ya tenía previsto que a día de hoy más de 100.000 inmigrantes estarían cobrando el paro? Si es tan buen diseñador social, que los coloque a todos. No es Caldera quien paga sus errores, sino nuestras empresas, nuestra economía doméstica y una gran parte de los inmigrantes que esperaban encontrar aquí un país próspero y receptivo a sus ganas de trabajar.
Las acciones humanas no pueden ser reguladas por ningún dictador de la producción, porque la gente se mueve por incentivos, no por las leyes ni por las buenas intenciones de los burócratas. En un entorno de libertad, la inmigración se autorregula según las necesidades reales del libre mercado. Las cuotas, impuestos, leyes laborales, salarios mínimos y el resto de aberraciones económicas impuestas por el Gobierno se limitan a romper la armonía económica fomentando el caos y la filosofía del sálvese quien pueda. Así trabaja el socialismo.
Caldera tendría que darse cuenta que sólo hace falta una ley, y ninguna más, para conseguir una sociedad libre, prospera y civilizada: la de la oferta y la demanda, la de la libre acción humana; de lo contrario, sólo colaborará en la perpetuación del desconcierto y el parasitismo.