Los políticos, con su rapidez habitual y después de ochenta años, se han dado cuenta que el modelo económico europeo no funciona. Solución, reinventar el mercado laboral con un concepto llamado flexiseguridad, traducción literal del término anglosajón flexisecurity.
El ex ministro alemán de Asuntos Sociales y Trabajo, Franz Müntefering, definió este término como una forma de "introducir una mayor flexibilidad laboral, pero haciendo que la gente se sienta segura". Es el patrón que han estado siguiendo países como Finlandia, Suecia y muy especialmente Dinamarca. Ahora la UE, desde la firma del Tratado de Lisboa quiere hacer extensible este nuevo modelo a todos los miembros de la Unión. Así, la Comisión Europea ha designado a un "grupo de expertos" que estudiarán por diferentes países si la flexiseguridad es viable o no. En realidad no es más que otro espectáculo montado por la UE para simular que estudian las cosas con seriedad, ya que gran parte de los eurócratas se han mostrado favorables al cambio. Este grupo de expertos sólo acabará por ratificar las ideas de sus jefes.
El modelo de la flexiseguridad se caracteriza por varios factores: liberalizar el mercado de trabajo reduciendo los impuestos a las empresas y disminuir los costes de despido. Dos medidas que si se consiguen, serán muy favorables para el atrofiado mercado laboral español. También pretende "resucitar" el mercado de trabajo. Esto daría la opción a que las empresas de colocación privadas se convirtieran en puras agencias de empleo para gestionar todo tipo de contratos y que por fin la gente encontrase trabajo. Otra medida consiste en promover la formación a costa del Estado y aumentar la carga tributaria al consumidor final. Esto último suelen olvidarlo los políticos cuando hablan del término. Para financiar todo esto, la UE prevé destinar más de 70.000 millones de euros (11 billones de pesetas, que se dice rápido) hasta 2013.
Los partidos políticos españoles, como PSOE, PP y CiU, se han mostrado por el momento favorables a este modelo pero sin mencionar detalles concretos. Sin duda, está muy bien dotar a las empresas de mayor libertad para que decidan con quien quieren trabajar y con quien no, así como aliviarlas de los altísimos tributos que han de rendir al Gobierno de turno, pero si se fija, la flexiseguridad es una emulación del sistema de libre empresa con altos grados de coerción institucional. ¿Por qué hemos de pagar nosotros la formación de otra persona? ¿Por qué se nos han de trasladar parte de los impuestos empresariales a los consumidores? ¿Quién es el Gobierno para decidir sobre nuestro estilo de trabajo?
En Dinamarca, el gran modelo de la flexiseguridad, la presión fiscal supera el 55% del PIB. En Finlandia es del 52% del PIB. En España, donde aún no hemos hecho nada, ya tenemos una presión fiscal del 41%. La flexiseguridad sale demasiado cara. ¿Es realmente necesario en estos momentos que la presión fiscal nos suba de golpe 15 puntos teniendo en cuenta el continuo retroceso de poder adquisitivo que sufrimos? Ni España ni ningún otro país es una empresa donde el jefe (el Estado), tenga que invertir en un producto (empresas) para desinvertir en otro (ciudadanos) y así obtener más beneficios (recaudación tributaria).
El modelo de la flexiseguridad sigue abogando por el mismo modelo de socialismo de siempre, la alimentación de un Estado omnipotente que decida por nosotros con nuestro dinero. Es un parche desesperado que va a ser muy difícil de aplicar en España. Todo y así, habría una forma de hacerlo más popular y rentable para todos. Sería una "flexiseguridad a la española" y consiste en reducir el peso del Estado, no sólo sobre las empresas, sino también sobre el ciudadano. ¿Por qué no reducir la presión fiscal de este país a la mitad? ¿Es necesario que el Gobierno se vaya a gastar casi 8.000 millones de euros en sufragar la deuda de la televisión pública? No hay nadie que administre mejor nuestro dinero que nosotros mismos. Cuanto menos dinero tenga el Estado, más dinero y oportunidades tendremos para crear nuestros propios negocios y cumplir nuestras ambiciones en lugar de vivir gracias a los sueldos de las multinacionales y la obligatoria caridad del Gobierno.
