Cuando se supieron las condiciones que impuso la CNE (Comisión Nacional de Energía) a la alemana E.On para comprar Endesa saltó la indignación tanto de la empresa como de economistas y periodistas. No era para menos. Las imposiciones de la Comisión no tienen sentido alguno y sólo aumentan los costes de las empresas privadas, desde Endesa hasta Gas Natural. Al principio, E.On dijo que llegaría hasta los tribunales para que se modificasen los puntos exigidos por la CNE, pero ahora parece desdecirse de ese planteamiento inicial.
En aquel momento la mayoría de analistas mantuvieron que E.On presentaría una queja formal ante la Comisión Europea (CE) para denunciar la opresión de la CNE. No ha sido así, al menos de momento, y Endesa, de forma poco acertada, lo ha hecho por la eléctrica alemana.
Es evidente que ni E.On ni sus accionistas se esperaban unas condiciones como las que decretó la CNE, aunque la verdad es que los analistas de España nos esperábamos algo peor aún. Es lógico que la empresa se quejara y quisiera aplicar su derecho a recurrir las imposiciones de la CNE, pero no es bueno para E.On empantanarse con más aplazamientos y disputas políticas. El accionista, que es por quien responde el presidente Wulf H. Bernotat, quiere sacar la operación adelante lo antes posible, amortizar su coste, seguir con nuevos proyectos que den servicio al cliente, aumentar los resultados y, evidentemente, obtener la mayor rentabilidad para él, que es el único legitimado para opinar en este caso.
La función social de una empresa no es resolver las injusticias del mundo como la que le cayó encima a E.On, sino servir a consumidores, accionistas e ir lo más rápido posible en todo el proceso. Siendo así, la queja de Endesa ante la Comisión Europea presta un flaco favor al proceso de la OPA. Anteponer los principios políticos a los del mercado no suele reportar beneficios al ansioso accionista que financia la empresa, por lo que éste puede optar, momentáneamente, por huir a acciones o activos más rentables.
Es cierto que esta pesadilla la empezó el gobierno intervencionista de Zapatero. Es cierto que la CNE no sólo se ha extralimitado sino que, además, no tiene ninguna razón de existir ya que no es más que el brazo ejecutor de los designios del Ministro de Industria. Pero esto se ha de acabar ya. La política ya ha hecho demasiado daño a esta OPA; no es hora de alargarlo más, sino de dejar que el libre mercado, los accionistas en este caso, se pronuncien y acaben con este doloroso tormento.
Asumámoslo, el daño ya está hecho. Lo que nos hemos de plantear ahora es qué hacer para que esta situación no se repita nunca más. Necesitamos un profundo cambio en el sector energético. Ya hemos visto que organismos como la CNE o los tribunales de la competencia no son independientes ni objetivos sino poco más que títeres del gobierno de turno. Molestan. Eliminémoslos de una vez y reclamemos una amplia y valiente liberalización del sector por el bien de todos: empresas, accionistas y consumidores.