En el discurso de ciertos socialistas se ha instalado la consigna de denostar al PP como la “extrema derecha”. Podríamos pensar que nos encontramos ante una descalificación sin más, propia del lenguaje simple y directo de los políticos. Esto puede pasar más o menos desapercibido, como cuando el PSOE de Almunia relacionó a los populares con los dóberman. El caso es que no nos encontramos en una legislatura de gestión y reformas legislativas, sino en una de trasformación del Estado de las Autonomías y, si apuramos, de las reglas del juego.
La intención de los socialistas es mostrar que, a su entender, el PP está dividido en dos tendencias. Una, la moderna, es, en palabras de Zapatero, la heredera de la “derecha de la Transición” y, por tanto, favorable al consenso. Otra, la reaccionaria, está empujando al partido hacia la marginalidad política a través de la crispación y el enfrentamiento constante. En esta lucha, los ideólogos reaccionarios, instalados en El Mundo, La COPE, Libertad Digital y la FAES, llevan al PP a posiciones de “extrema derecha”.
La acusación surge cuando el PP insiste en que se investigue el 11-M. Los socialistas y sus medios de comunicación afines toman esto como un deseo de los populares y de sus “ideólogos” de deslegitimar las elecciones del 14-M. La percepción que queda en la sociedad española es que el PP no acepta unos resultados democráticos, y dejándose embaucar por lo que llaman “prensa amarilla”, se ha convertido en la “extrema derecha”. Es más: el partido de Rajoy miente y no acepta los resultados de las urnas. Los populares se convierten, así, en el verdadero peligro para la democracia.
La calificación del PP como la “extrema derecha” responde a varios motivos. El primero es que se trata de una de las cantinelas progres: lo normal en democracia es que gobierne la izquierda; la derecha gobierna por accidente o demérito de los adversarios. El segundo es, simplemente, atacar a los ponen en cuestión la versión oficial de los atentados del 11-M. El tercero consiste en justificar la creación de bloques antiparlamentarios, como el que se formó en el Congreso para evitar que en el futuro se debata sobre los atentados de Atocha. Finalmente, la descalificación justifica el que se aparte a los “reaccionarios”, al PP, del dibujo de ese nuevo “Estado español” que están construyendo entre el PSOE y sus aliados nacionalistas.
Va a ser cierto que esa insistencia en la recuperación de la “memoria histórica” consiste en la resurrección de lenguajes y prácticas propias de la II República, un régimen que no puede ser hoy modelo de democracia. ¿De verdad creen que en España hay 10 millones de ultraderechistas? ¿Una especie de Mega-Falange Española, o de CEDA que ha aceptado a regañadientes el régimen? ¿Qué el PP es como el Frente Nacional de Le Pen, o los austriacos de Jorg Haider, o los xenófobos del Vlaams Blok belga? ¿Qué tenemos un sistema de partidos polarizado, de grupos antagónicos y excluyentes? En fin, la responsabilidad y la coherencia democrática no fueron características que adornaron a los políticos de la II República. No tropecemos en el mismo régimen.