Marcelino Iglesias, presidente del gobierno de Aragón, ha declarado en el debate sobre el estado de su región que es necesario que el nuevo Estatuto aragonés blinde el agua del río Ebro. El blindaje es una propuesta del PAR, el partido con el que lleva gobernando en coalición desde hace 6 años. El presunto objetivo es encontrar una fórmula jurídica capaz de enfrentarse a “amenazas como el trasvase”.
Las pretensiones de Iglesias son tan socialistas como coherentes. Si hay algo que predomina históricamente en el discurso y aspiraciones por escrito del socialismo es el deseo de igualdad. Un sentido igualitario que se funda, al menos en regímenes democráticos, en el principio de solidaridad, en esa fraternidad distributiva. Pero Iglesias hace suya la reivindicación del partido aragonés, y manifiesta que el agua del Ebro no se comparte, no se distribuye, no hay solidaridad posible ni igualitarismo que valga.
El agua no, pero el dinero sí. Porque a continuación, Iglesias dijo que era contrario a que los Estatutos “recojan de forma unilateral los sistemas de financiación, porque supondría el quebranto del principio de solidaridad entre los españoles”. ¿Cómo se puede apelar a la solidaridad en la financiación negando el agua, a su vez, a las regiones que la necesitan? Es de una incoherencia insultante. El afán de los socialistas de perpetuarse en el poder a cualquier precio les ha llevado a abandonar sus principios políticos más elementales y el carácter nacional que siempre tuvieron.
Pero, no nos engañemos. La pretensión de blindar con fórmulas jurídicas se debe al temor de que algún día pueda volver el PP al poder y –qué pánico– deshiciera legalmente lo que el PSOE y los nacionalistas están montando. Los regímenes democráticos deben estar abiertos a los movimientos de la opinión pública, sin blindajes que los limiten. Y tales variaciones deben ser libres, no condicionadas o dirigidas por un solo camino; en este caso, forzosamente descentralizador. Es desaconsejable, por tanto, que un gobierno legal y legítimamente constituido permita y aliente blindajes que impidan el libre desenvolvimiento de los gobiernos representativos.
El blindaje autonómico, ya sea del agua o de competencias, basado en supuestos derechos históricos o en ficciones regionalistas, es un paso atrás en la democracia. Un futuro Gobierno de la Nación sería incapaz de ejecutar su programa electoral porque se encontraría con temas blindados, con situaciones irreversibles. Así, no es que se quiebre el principio de solidaridad, es que se hace añicos el principio sobre el que éste se sustenta: la soberanía nacional. Porque la nación soberana garantiza, como está demostrado, la libertad y la igualdad de todos los españoles, así como el cambio libre, legítimo y legal del partido que nos gobierna.
