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Jorge Vilches

El precio político

El comunicado etarra, por tanto, haya sido pactado o no con los socialistas de Zapatero, solamente indica que el Ejecutivo está prisionero entre las esperanzas de la opinión pública y las promesas contraídas con el mundo abertzale.

Zapatero y su socialismo han dado en la diana. Desde que ETA anunció un "alto el fuego permanente", los rostros de satisfacción en la bancada del PSOE son inconmensurables. No se trata solamente del fin del terrorismo, que en esto les creemos honestos, sino que auguran un repuntar electoral sin parangón. Estaban casi hundidos por la impopularidad de la reforma del Estatuto de Cataluña, el caso Montilla, las discrepancias entre Bono y Moratinos, el malestar público de Solbes, el fracaso de las keli finder de Trujillo, o la "expulsión" de Rosa Díez; cuestiones todas que les hacían prever ciertas dificultades en los comicios de 2007 y 2008.

El anuncio de ETA y el tratamiento que los medios de comunicación le dieron nos dejaron la imagen de un Zapatero que es generoso con el adversario en la victoria. Grandes palabras, churchilianas, de "largo, duro y difícil" proceso, junto a manos tendidas a un cariacontecido Rajoy. Paz en las autonomías, fin del terrorismo y magnanimidad con los errores de la oposición. La estatura política de ZP parecía crecer con unos reportajes televisivos que mostraban el recorrido salvaje de la banda ETA, y que culminaban con la esperanza propiciada por el presidente del gobierno.

El 22 de marzo parecía "el inicio del principio del fin de Rajoy", ahogado por el tsunami electoral socialista que se avecina. Los populares aparecían fuera de juego, explicando casi con mímica su postura política, reinterpretando sus palabras, mirando a Rajoy de soslayo. El PP se defiende tirando de sensatez: lealtad al Gobierno de España mientras la negociación con ETA no suponga un precio político. Pero negociar es ceder; lo contrario es imponer, que es justamente lo que no ha querido hacer este Gobierno. Y el precio político pasa por la legalización de Batasuna para que se presente a las elecciones de 2007, y por una reforma del Estatuto vasco que contenga, como el catalán, el "reconocimiento" de la nación vasca, y la posibilidad legal de que su gobierno y parlamento autonómicos propongan en el futuro fórmulas secesionistas.

El 22 de marzo se han creado muchas expectativas que limitan el margen de maniobra de Zapatero. La negociación ha de terminar con la disolución de ETA, y para esto será necesario que el Gobierno ceda a algunas de las pretensiones políticas del nacionalismo vasco. El comunicado etarra, por tanto, haya sido pactado o no con los socialistas de Zapatero, solamente indica que el Ejecutivo está prisionero entre las esperanzas de la opinión pública y las promesas contraídas con el mundoabertzale. La solución es difícil, pero es el precio que ha de pagarse cuando se pretende terminar con el terrorismo no a través de la actuación contundente del Estado de Derecho, sino mediante el pacto con los criminales.

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