En una democracia de consenso, como la nuestra, los conflictos y diferencias políticas se dirimen en las instituciones. Incluso la protesta es reglada, sea la que sea la vía que utilice. Este es el éxito de las democracias, que son capaces, incluso, de admitir opiniones contrarias a la ley democrática, siempre que se manifiesten dentro de la misma ley.
Cuando no es así, el Estado debe actuar con toda contundencia: nos estamos jugando el sentido de la democracia liberal; esto es, el respeto a los derechos individuales. Pero además, debe contar con la condena explícita, sin requiebros ni recovecos, sin medias tintas ni complicidades, de los principales actores políticos: los partidos. Cuando esto no es así, cuando el imperio de la ley no existe, se abre un camino que perturba la vida democrática y, por tanto, la confianza popular en los mecanismos e instituciones, en su autoridad y legitimidad. Ni siquiera vale la doble moral, la condena a los atentados sufridos y el cobijo a los violentos de la casa; es más, esto empeora las cosas.
El PSOE cometió en los dos últimos años un daño importante a la democracia de consenso: promocionar la vía callejera de presión política, en muchas ocasiones saltándose gravemente la ley, encubriendo a los infractores, y no condenando las agresiones que sufrían las personas y las sedes del PP. El momento culmen llegó, efectivamente, el 13-M, que quedará como un punto negro en la historia de la democracia española. Tan negro como que Zapatero no condenara aquellos actos ilegales, convocados por miembros de su partido, entre otros. Era como el “¡Algo habrán hecho!” que se oía en los años 70 y 80 cuando ETA asesinaba a un miembro de las fuerzas de orden o del Ejército.
No sólo se ha quedado el PSOE sin legitimidad ni autoridad para pedir la condena de los que agredieron miserablemente a Bono en la manifestación de la AVT; sino que ha crispado a una parte de la población, minoritaria, que, sin sentido, buscará la revancha. Pero quizá sea ésta la democracia que le va a este PSOE de Zapatero, la del tumulto, la asamblearia, la de adoquín y vocerío, la del populismo televisivo de Chávez, la de los SMS y actores filotiranos.
Los dos individuos que intentaron agredir al ministro de Defensa no pueden quedar impunes. Pero no sólo por el decoro del PP, pues parecen ser dos militantes populares, sino por el de nuestra democracia. Sería un hecho aislado, sin más importancia que el delito en sí mismo, sino fuera porque es el resultado de dos años de crispación sin freno ni recortes, con violencia de una parte que no ha sido condenada ni evitada por el PSOE. Por esto resulta patético oír al secretario de organización de los socialistas, José Blanco, decir que éste es el resultado de la política de Aznar y de sus discursos agresivos. Ya, ya. No a la guerra, señor Blanco, nunca máis, se lo digo por su prestige. Y si no: pásalo.