La Real Academia de la Historia ha anunciado que una comisión revisará entradas biográficas de su Diccionario. Era lógico tras la presión que han ejercido algunos políticos y medios de comunicación alterados por una biografía, la de Franco, más propia de un libro de Historia de otros tiempos que de las más recientes y reconocidas investigaciones. Sin embargo, la noticia contiene un elemento amargo, y es que se ha dado carta de naturaleza e importancia a la parte más desagradable de la politización de la Historia. Se han citado como autoridad a familiares de los biografiados, a alguna novelista añorante del comunismo de guerra, o a presidentes de asociaciones de memoria histórica, cuya opinión es respetable, pero que son ajenos a la profesión y a sus requisitos.
Es cierto que la Academia de la Historia ha pecado de poca previsión, algo que resulta sorprendente en historiadores de lo español; es decir, en aquellas personas que deberían conocer la inveterada costumbre española de tirarnos los trastos a la cabeza. A nadie se le podía escapar que la biografía de Franco iba a ser polémica, con independencia de quién la escribiera y aunque hubiera existido una comisión previa de revisión; tan polémica como la de casi cualquier otro personaje político del siglo XX español. Este pecado de imprevisión, tan subsanable como poco importante, se explica porque desde hace muchas décadas existe en la historiografía española un debate ordenado, muy duro en ocasiones, lento pero constante, sobre cualquier tema. Es decir; se investiga, escribe y publica, normalmente de forma individual, para luego debatir y avanzar en el conocimiento. Este sistema, sin embargo, no parece el más conveniente para la elaboración de un Diccionario biográfico.
Por esta razón existe cierto malestar en el gremio de los historiadores; no tanto por la discusión sobre si el régimen de Franco, en sus variadas etapas, fue autoritario o totalitario, que sobre esto hay un consenso bien amplio gracias a la aplicación de conceptos de la ciencia política, sino sobre la injerencia de los políticos y aledaños en el debate historiográfico. Los historiadores españoles tienen recursos suficientes para debatir sobre un personaje, un proceso o un acontecimiento, tanto como para dar a conocer a la sociedad española los distintos y complementarios puntos de vista. ¿O es que alguien cree que ningún historiador conocía antes de esta polémica la inclinación de Luis Suárez Fernández hacia el dictador?
La prueba de que se ha politizado el asunto no es sólo que se ha convocado una concentración de protesta a las puertas de la Academia de la Historia –a la que irán los de siempre con las mismas banderas–, sino que el resto de la Historia de España parece no existir. Tiene razón en esto Ricardo García Cárcel: la Historia no comienza en 1931. Hubo vida antes de la Segunda República; pero hay quien quiere aprovechar la polémica, desorbitada y artificial, para sacar sus demonios fuera.