Cuando en el diario Público apareció la noticia de que Aznar proponía una reforma del Estado autonómico (http://www.publico.es/espana/398550/aznar-insiste-en-dinamitar-el-actual-modelo-autonomico) para hacerlo más eficaz y sostenible, el comentario más votado por los lectores fue: "Aznar al Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad"; escrito, claro está, por un tipo con seudónimo. Dejando a un lado la insignificancia del que insulta bajo un alias, el asunto esconde un problema: la ideologización de una estructura administrativa definida para dar servicio a los ciudadanos, y no a la inversa. Dicho de otra manera: cuando una estructura de ese tipo es un lastre para el desarrollo económico y social de un país, es preciso reformarla. Es más; se puede cambiar sin violentar los principios que le dieron origen.
Las razones para una descentralización del poder se pueden cifrar en las siguientes. Primero, la clásica del liberalismo, la que procede de John Locke y los federalistas norteamericanos; me refiero a la necesidad de evitar la arbitrariedad del poder. La división de los poderes en entidades territoriales se veía como un medio para impedir que un jefe de Estado, un Gobierno o un Parlamento ejercieran sus facultades sin contrapeso o control alguno. Parece claro que en España hemos pasado al otro lado: las entidades territoriales con más poder ejercen el poder sobre los ciudadanos y el Estado sin limitación real. Me limito aquí a señalar el desprecio de la Generalitat a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la lengua en la educación.
Otra razón es la cercanía al gobernado. Se consideraba que una descentralización administrativa y política haría que los ciudadanos conocieran mejor a sus gobernantes y, por tanto, que los pudieran controlar a través del peso de la opinión pública, y castigar o premiar a través de las urnas. La realidad es que la alternancia en nuestras entidades locales y autonómicas es menos frecuente de lo que debería ser, ya sea por los tránsfugas, las coaliciones de todos contra uno, o el nuevo caciquismo. Por otro lado, no existe la posibilidad de demandar una responsabilidad real del político por el despilfarro o la mala gestión de lo local. Me remito al agujero dejado por Barreda en Castilla-La Mancha.
Por último, aunque hay alguna razón más, la descentralización responde al deseo de satisfacer demandas de partidos nacionalistas; es decir, de aquellos grupos que surgieron a finales del siglo XIX trufados, no sólo en España, de biologismo político, xenofobia, racismo, odio a la libertad y a la democracia, e independentismo. A grupos que utilizan la administración conseguida para crear a golpe de decreto una nación, menos homogénea de lo que alardean, y exigir a continuación el "derecho a decidir". Y ese proyecto es ruinoso económica y socialmente, pone al ciudadano al servicio de un interés político-administrativo, y aleja a los que no admiten el molde nacionalista –ahí están las diásporas catalana y vasca-.
¿Hay motivo para reformar las autonomías? Sí; nada es eterno, y las Autonomías tal y como están concebidas, tampoco. No estaría mal que antes de profundizar en la crisis económica provocada en parte por la desorganización ineficiente de la Administración, y de que la Unión Europea nos obligue a hacerlo, se iniciara el proceso para la reforma del Estado de las Autonomías. Más que nada para que quede la sensación de que aún se conserva algo de la soberanía.