Tras el anuncio de la abdicación de Juan Carlos I se han repetido los llamamientos al heredero Felipe VI a que impulse tal o cual política, desde las reformas sociales más variopintas al referéndum independentista en Cataluña. La confusión y el riesgo son grandes. Nadie duda de la capacidad, inteligencia y educación de don Felipe de Borbón, que ha tenido grandes tutores y una formación excelente y cuidada. La proclamación, no obstante, sucede en un país con una crisis global, cuya complejidad motiva confusos mensajes sobre el papel del rey en el régimen, que recuerdan episodios de nuestro pasado reciente.
Es la segunda sucesión constitucional de la historia contemporánea de España. Ningún rey antes había heredado el Trono siguiendo un precepto constitucional, salvo Alfonso XIII. La comparación va más allá de la personalidad y situación de ambos, a los problemas y mentalidades de esas dos Españas, la de principios del XX con la de comienzos del XXI.
A primeros de enero de 1902, el año de su proclamación como rey, Alfonso XIII escribió en su diario un vaticinio sobre su reinado:
En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la Monarquía borbónica o la República. (…) Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, cuyo nombre pase a la Historia como recuerdo imperecedero de su reinado; pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera.
Alfonso XIII había sido educado convenientemente, lo que aumentó su inteligencia y le dotó de una gran capacidad de trabajo. Además, como buen político hijo del 98, había asumido la tarea de regenerar España. Le preocupaba el bienestar material de los empobrecidos españoles, mejorar la educación y modernizar la agricultura, tanto como promover la industria y las obras públicas que activaran el país. Pero también era consciente de la crisis del liberalismo y del sistema en general, con unos partidos envejecidos, desacreditados, corruptos y divididos, que trataban de actualizar sus postulados y su actitud ante una sociedad que comenzaba a dar la espalda al régimen.
El auge del populismo y la demagogia, como hoy, junto al aumento del obrerismo revolucionario y el pulso del nacionalismo catalán, que cuestionaba la soberanía nacional y la unidad del Estado, generaron un discurso antisistema que incluía la crítica a la oligarquía (lo que ahora se llama "casta") y al caciquismo como falseamiento de la democracia. Todo era presentado como una gran mentira: las elecciones, el Parlamento, la Constitución, el orden social, la religión, las relaciones económicas; y la Monarquía, claro.
Ante eso se presentaba la República, no como una forma de Estado sino como un modelo de sociedad diferente en todos los órdenes de la vida, un brusco vuelco a lo existente. Muchos creyeron que la solución era "más rey", recién proclamado, en mayo de 1902. Alfonso XIII fue impelido a cambiar las cosas, a regenerar España, lo que aumentó su naturaleza de hombre político. El rey parecía estar obligado a interpretar las distintas voluntades e intereses de los españoles, y que la crisis le legitimaba a tomar decisiones más allá de la letra y del espíritu de la Constitución.
Los apologistas de Alfonso XIII han aplaudido la actuación del rey en 1923 al oír la "demanda de la opinión pública" favorable al golpe de Primo de Rivera, que casi toda la población aplaudió, porque, a su entender, puso a España por encima de la Constitución. Los detractores, o críticos, vieron en la actuación anticonstitucional del rey el fin de su legitimidad; es decir, Alfonso XIII era rey por haber jurado la ley dada por las Cortes, por lo que sin Constitución carecía de legalidad que sustentara su trono. Para unos, entonces, Alfonso XIII ha quedado como un rey patriota y sacrificado; para otros, como perjuro y autoritario.
El problema es que un rey en democracia no es un político en el trono, sino una institución más que debe cumplir escrupulosamente su papel constitucional, y solo eso. O así debería ser, pues cualquier decisión política ajena a la Constitución que se vincule con Felipe VI le hará responsable de sus consecuencias. Flaco favor harían los monárquicos, por tanto, pidiendo a Felipe VI soluciones que ni puede ni debe tomar o impulsar. El riesgo para la Monarquía es grande, porque en España, a diferencia de en otros países monárquicos europeos, no se distingue la persona que ostenta en ese momento la corona de la institución que representa, por lo que un error personal grave haría tambalear el Trono.