Los nacionalistas catalanes, y no me refiero a Maragall, llevarán en septiembre al Congreso de los Diputados una propuesta para que el catalán, el gallego y el vasco sean lenguas cooficiales en toda España. La razón declarada de esta proposición, la “Ley de Lenguas”, es “normalizar” una situación pendiente, según Carod, desde 1977; a saber: el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, basada en el plurilingüismo. Y, claro, no falta el victimismo: la medida tendría la virtud de compensar los años –¿por qué no milenios? ¿o eones?– de prohibición, e incluso persecusión de la “realidad plurilingüe”.
La consecución de un Estado de esta naturaleza sería para los nacionalistas catalanes la “normalización” de España. De esta manera, el Estado saldría de la anormalidad centralista y opresora de la que no supo, o no se quiso salir en 1977. Esto supone que la Constitución y todos los poderes que articula, la dereclaración de derechos, la soberanía depositada en la nación, el gobierno parlamentario, el Estado de las Autonomías, la Justicia, la naturaleza del Ejército, la institución de la Monarquía; esto es, la misma democracia española es, sí, anormal.
La anormalidad es, si no me equivoco, que un sistema democrático que funciona conjugue, tolere y amamante a los instrumentos y a los agentes que desean su destrucción. Anormal es, también, que quienes esto buscan determinen la política del gobierno del Estado siendo grupúsculos; es decir, pequeños partidos sin verdadera representación estatal. Lo anormal es que la ambición de un gobierno regional cuestione, y quiera subvertir por sí solo los principios sobre los que se asienta un país próspero, democrático y solidario. Tampoco es muy normal que el presidente de la nación, Zapatero, no conteste al líder de un partido, Carod, separatista pero aliado de su gobierno, cuando dice que es el primer presidente de España que no es nacionalista español.
Pero la “normalización” no es algo que se les haya ocurrido, desgraciadamente, a los nacionalistas. La victoria electoral del PSOE el 14-M de 2004, tras dos legislaturas populares, con una generación de políticos en su mayor parte inexpertos, y una intensa campaña de agitación y propaganda, determinaron las características del socialismo de Zapatero. Crearon entonces el concepto de “normalización”. Había sido anormal que gobernara la derecha, un error histórico que era necesario corregir. Llamazares –lábaro del castrismo– los llamó “los ocho años negros” de la democracia.
La normalización empezaba por cuestionar la Transición. Los socialistas hablaron de poderes fácticos –la Iglesia y el Ejército– como los obstáculos que impidieron entonces la verdadera democratización del país. Ahora, con un gobierno libre, y progresista, se revisaría aquella reforma para convertirla en ruptura. Era el momento de un nuevo pacto entre los pueblos de las Españas, y normalizar, así, el país. Incluso se podía pactar con los terroristas, fueran yihadistas, retirando las tropas de Irak, o etarras, devolviéndoles a las instituciones. Llegó la hora de romper con EEUU, lo que no pudo hacer ni González, decían, por no enfurecer a los militares. Ya se podía sacar la religión de la educación, que fue “un acuerdo preconstitucional”, en palabras de Peces-Barba. Y también deshacer el Estado de las Autonomías para que los nacionalistas marcaran, a voluntad, el contenido de su relación con España. Ahora contamos todos, que decía el de TVE.
