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La reforma de las pensiones

Para que el sistema de pensiones se vuelva sostenible es necesario alargar la edad de jubilación a los 70 años y prolongar el período de cálculo a toda la vida laboral.

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En 1995 la Fundación BBVA publicó el trabajo Pensiones y Desempleo realizado para la misma por un grupo de investigadores que dirigí. La principal conclusión obtenida fue que el sistema de pensiones públicas contributivas español no sería viable, en el entorno del 2015, exponiendo las reformas a realizar en el mismo para conseguir su sostenibilidad. Posteriormente, volví a insistir con el tema en mis intervenciones en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Efectos económicos del envejecimiento, efectuando propuestas para hacer viable y operativo el sistema de pensiones contributivas español.

Para hacer estable dicho sistema de pensiones es necesario efectuar las siguientes reformas:

  • Alargar la edad de jubilación forzosa a los 70 años
  • La tasa reguladora para calcular la pensión se extenderá a todo el periodo contributivo
  • El porcentaje que ha de aplicarse a la base reguladora para calcular la pensión sería proporcional al número de años cotizados.
  • Todos los regímenes de la Seguridad Social deberán tener la misma presión contributiva.
  • Supresión de las jubilaciones anticipadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 28 de enero un proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones públicas contributivas, algo que desde hace ya años venía pidiendo la Comisión Europea pero que el Gobierno se venía resistiendo. Paso a señalar a continuación las cuestiones más destacadas abordadas en el proyecto de ley.

Se retrasa hasta 67 años la edad de jubilación actualmente en 65 años, su aplicación se efectuará paulatinamente en el periodo 2013 a 2028. Me parece excesivo el dilatado plazo que se establece para la aplicación de la norma –15 años– para absorber solamente dos años de aumento de edad de jubilación. No parece compatible con la previsión que existía de que entre 2015 a 2020 el sistema entraría en dificultad; da la sensación de una rendición ante los sindicatos que desde el primer momento se oponían a la misma.

La ampliación del periodo para calcular la pensión, de los 15 años actuales a los 25, inicia el camino lógico al que se tiene que llegar, ya que la pensión será devengada a medida que se está trabajando y se pagan las cotizaciones sociales por lo que se cobra. Por tanto, si se toma para el cálculo de la pensión el periodo en el que más se gana existe falta de equidad, dando lugar a un aumento del gasto en pensiones.

La gran novedad de las jubilaciones anticipadas es la posibilidad de alcanzarla a los 63 años de forma voluntaria sin que haya mediado despido. Se condiciona a tener cotizados 33 años en vez de 30 como actualmente, y restará su cuantía para toda su vida con un 7,5% por cada año de anticipo.

Una duda me asalta: ¿es esta la reforma para asegurar la estabilidad del sistema de pensiones públicas o, si por el contrario la no profundización en la reforma, hará necesario empezar dentro de unos años con retoques para hacer que siga funcionando? No he visto ningún estudio del Gobierno que asegure su sostenibilidad.

José Barea es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

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