print
El coste superará los 20.000 millones de euros

Kioto y la economía española

-
Inauguración de la Jornada de Conferencias "Kioto y la economía española"
Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital, ha declarado que “Probablemente España es el país que más va a pagar Kioto en términos absolutos”. Recarte ha pronunciado estas palabras en su conferencia en el seminario Kioto y la Economía Española, organizado por el Instituto Juan de Mariana, en la Universidad Rey Juan Carlos. Juan José Toribio, presidente del IESE en Madrid, ha presentado las principales conclusiones del Estudio de PriceWaterhouseCoopers que él dirigió. El tratado de Kioto podría costarle a la economía española cerca de 20.000 millones de euros.
 
El Instituto Juan de Mariana ha presentado el primer seminario destinado a la influencia de Kioto en la economía española, en colaboración con el Competitive Enterprise Institute y la Universidad Rey Juan Carlos, y al que ha asistido la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En él, Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital, ha hecho un repaso de la posición de España en cuanto al cumplimiento del protocolo internacional.
 
En su alocución ha considerado que el de Kioto es un acuerdo “confuso y estéril”, teniendo en cuenta que el efecto de su cumplimiento sobre el calentamiento global sería muy pequeño. El propio tratado prevé que de cumplirse por todos los países previstos el calentamiento previsto para 2100 se retrasaría hasta 2106. También mostró su preocupación porque el organismo encargado de hacerlo cumplir sea las Naciones Unidas, que funcionan con el criterio “un país, un voto”. O ha mostrado la extrañeza porque entre los países comprometidos por el protocolo “estén Mónaco o Luxemburgo, pero no China o India”.
 
Esperanza Aguirre, en un momento de la jornadaRecarte ha destacado que los países comprometidos con Kyoto son principalmente Canadá, la Unión Europea, Japón y Australia. En total 34 países, “entre los que están Mónaco o Luxemburgo, pero no China o India”. Los que han quedado fuera del protocolo, la mayoría de los países del mundo, concentran la mayor parte de la población, del PIB y de las emisiones del mundo. Esto ocurre porque, en su opinión, “hay un complejo de los países desarrollados, que aceptan ser culpables de haberse desarrollado más que el resto, y haber emitido más CO2” y se muestran dispuestos a pagar “el pecado del desarrollo”. De este modo, entre los 155 países no comprometidos por Kioto concentran la mayor parte de la población, del PIB y de las emisiones de gases con efecto invernadero.
 
En concreto, con datos de consumo energético mundial recopilados por Alberto Recarte, el mundo consumía en 2003 el equivalente a 9.400 millones de toneladas de petróleo. De esta cantidad, la UE y Japón, el núcleo de quienes se han comprometido con Kioto, consumen el 13% del carbón mundial, el 30% del gas y el 25% del petróleo. En consecuencia, entiende Recarte, no hay una clara vinculación entre el protocolo, su aplicación, y su incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero. Los principales consumidores de carbón, principal responsable de las emisiones de CO2, son China e India, que han quedado fuera de Kioto. A partir de esos datos considera que las motivaciones de Kyoto no pueden estar limitadas al calentamiento global, que es su justificación, pues las reducciones de los países obligados son una pequeña parte del total.
 
España, el país más perjudicado
 
Alberto Recarte, presidente de Libertad DigitalDentro de la UE, el país más perjudicado será probablemente España, según las consideraciones del economista del Estado, Alberto Recarte. El motivo es que el protocolo afecta especialmente a los países más dinámicos, y España es, junto con Irlanda, el país que más ha crecido en Europa en la última década. España emitía 300 millones de toneladas de CO2 en 1990, y los acuerdos le permiten aumentarlos en un 15%, hasta los 336 millones, en 2012. Pero “en el año 2000 las emisiones españolas eran ya de 384 millones, y en 2004 podrían situarse en torno a los 400”. Cuando llegue 2012, España tendrá que pagar por los excesos sobre las emisiones previstas. Sólo con las emisiones de 2004, y a un precio que, tirando por lo bajo, podría ser de 10 euros por tonelada de emisión, España tendría que pagar unos 700 millones de euros. Pero en opinión de Recarte, los principales costes no serían esos, sino los procedentes del control administrativo de la economía, que prevé la aplicación del tratado.
 
Juan José Toribio, Presidente del IESE en Madrid y ex director ejecutivo del FMI, resumió y explicó los principales hallazgos del estudio que coordinó él, dedicado a la influencia del protocolo en la economía española, y que halló que el coste mínimo rondaría los 20.000 millones de euros. Esta cifra se alcanza por un coste anual de 2.400 millones de euros. Esta cantidad es, en palabras de Juan José Toribio, “dos veces lo que recibimos de fondos de cohesión en 2003, el año que más fondos ha recabado España”. La misma cantidad equivale a vez y media el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, un 150% lo destinado a I+D, o la totalidad de los presupuestos del Ministerio de Economía.
 
En este cálculo no están considerados otros costes, como la influencia sobre la deslocalización de empresas, las distorsiones a la competitividad o las transferencias internacionales de rentas. Sobre el primer punto llamó la atención de que las limitaciones que impone el tratado harían que varias industrias se desplazaran a otros países, como Méjico o China, en los que la emisión de CO2 es superior a la española. En consecuencia, no sólo sufriría la economía española, sino que las emisiones de este gas de efecto invernadero podrían aumentar, en otros países.
 
Juan José Toribio llamó también la atención sobre el hecho de que las centrales de carbón españolas son de las más limpias y eficientes de Europa. Otro de los efectos previsibles de Kioto en la economía nacional es el aumento en 2,7 puntos de los precios. Toribio se ha hecho eco de que, según las previsiones, se permitirá a Alemania unas emisiones de 11,7 toneladas de CO2 por persona, mientras que lo permitido para España son 8,3 toneladas.
 
Ambos economistas, Alberto Recarte y Juan José Toribio, han destacado que Kioto no ha tenido en cuenta otras opciones para reducir las emisiones, como la mejora de la eficiencia económica que viene acompañada por el desarrollo. De hecho, en opinión de Alberto Recarte, “el único elemento regulador de la población a largo plazo es el desarrollo”.
 
Enron, detrás de Kioto
 
El catedrático Jesús Huerta de SotoEl tercero en tomar la palabra fue Christopher Horner, Fellow del Competitive Enterprise Institute Christopher Horner, y counsel del Cooler Heads Coalition. Christopher Horner se lamentó de lo mal que informan los medios de comunicación sobre la posición de los Estados Unidos al respecto de Kyoto. Recalcó que Estados Unidos es uno de los 155 países que no están comprometidos con el tratado, que han ratificado 34 naciones, muchas de las cuales pertenecen a la Unión Europea. En consecuencia “Es la Unión Europea la que está aislada, no los Estados Unidos”. Paradójicamente, según recuerda Horner, Estados Unidos “incumple las exigencias de Kyoto mucho menos que varios países europeos, España incluida, que tampoco están alcanzando sus compromisos”.
 
También recordó que el Senado votó en contra del Tratado con 95 votos en contra y ninguno a favor. No obstante, y por indicación de la compañía Enron que tenía grandes intereses económicos en su aprobación, el Presidente Clinton firmó el tratado, que más tarde no fue ratificado. Un informe de la compañía eléctrica Enron, hoy cerrada por llegar a la quiebra tras haber engañado a los accionistas con artificios contables, decía una vez aprobado el protocolo: “Es justo por lo que nosotros hemos estado haciendo lobby”. Y más adelante, “¡esto será muy bueno para la cotización de Enron!”. Horner fue abogado de la compañía en aquellos años y la abandonó por desacuerdos sobre este aspecto.
 
La segunda mesa ha estado dedicada a la base científica del protocolo de Kioto, con conferencias al cargo de Francisco Capella, astrofísico, y de Gabriel Calzada, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y Presidente del Instituto Juan de Mariana. Francisco Capella ha resumido el funcionamiento del clima para exponer el estado actual de las investigaciones relacionadas con el cambio climático. Ha destacado que “un calentamiento global moderado tiene efectos positivos y negativos, pero en general el calentamiento tiene mejores efectos que el enfriamiento”, tanto para la agricultura y los bosques, como para “la mitigación de los extremos climáticos”. También ha indicado que la controversia no está en lo que las emisiones de CO2 pueden calentar la atmósfera por sí mismas, sino en el efecto que este calentamiento puede tener sobre otros elementos del complejo sistema climático del planeta. “Esta retroalimentación puede ser positiva, negativa o una mezcla de ambas en la que no sabemos aún qué parte tiene más peso”, afirmó.
 
El principio de precaución
 
Gabriel Calzada ha expuesto la teoría del principio de precaución, que exige que cualquier innovación demuestre que no es ni será nunca dañina, colocando al protocolo como un ejemplo de su aplicación. Aparte de la imposibilidad teórica de probar que algo no produzca daño ni tenga riesgo alguno, Calzada ha indicado que “la presunta reducción de los riesgos que se pretenden evitar con la aplicación del principio de precaución no evitan que surjan otros riesgos debidos a las regulaciones impuestas en su nombre”.
 
Como ejemplo, mostró el caso del DDT, que fue prohibido para prevenir un posible riesgo de reducción de la población de aves y tuvo como consecuencia que una enfermedad casi erradicada como la malaria produzca desde entonces entre 1’5 y 2 millones de muertes al año. Por último, argumentó que quienes proponen la aplicación del principio de precaución nunca exponen sus medidas al mismo principio. “¿Realmente algún ecologista puede asegurar que el protocolo de Kyoto no es dañino para el hombre ni va a provocar nunca daños en el futuro? Los economistas del primer panel ya han demostrado, de hecho, que no es así”.
 
El catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Huerta de Soto ha hecho una semblanza del jesuita Juan de Mariana, y se ha felicitado por la iniciativa del Instituto del mismo nombre de acercar los problemas sociales desde un punto de vista liberal. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha saludado el nacimiento del instituto y ha expuesto su opinión de cómo los valores de la libertad, la propiedad privada y el Estado de Derecho no sólo no son incompatibles con el mantenimiento del medio ambiente, sino que son más poderosos que la aplicación del socialismo.