Habrá que añadir a las balanzas fiscales que va a elaborar Solbes a petición del tripartito catalán el agua que se trasvasará desde el Ebro a Cataluña. Me refiero al coste del agua y también, claro está, a las obras que sufragaremos todos los españoles después de que el Gobierno de Zapatero, en una de sus muestras de esmero en la ejecución del gasto público, es decir, en la custodia del dinero de todos nosotros, perdiera las subvenciones de la Unión Europea para el Plan Hidrológico Nacional.
Porque lo cierto es que el asunto este del trasvase del Ebro hacia Cataluña ha puesto en evidencia las muchas carencias de nuestro actual sistema autonómico. Barcelona necesita agua, como prácticamente toda la cuenca mediterránea española. Lo que ocurre es que los catalanes y muchos barceloneses salieron a la calle, en época de Aznar, para reclamar que no se tocara un centímetro cúbico del caudal del Ebro.
Y ahora, con toda justicia, son los valencianos, los murcianos y los almerienses quienes claman en el desierto ante el engaño y el agravio que va a propinarles, una vez más, un Rodríguez Zapatero pillado con las manos en la masa de una nueva mentira electoral. Porque el presidente sabía, perfectamente, que era imprescindible el trasvase del Ebro cuando se encaró con Rajoy, durante el debate electoral emitido por las televisiones, retándole a que dijera si iba o no a realizar el trasvase si el PP ganaba las elecciones.
Las autonomías, de tanto exagerar y de tanto rizar el rizo, se han convertido ya en el mayor problema de nuestro país. Los políticos han diseñado una arquitectura institucional, al margen de la Constitución, que deja una parte fundamental del esqueleto nacional en manos de los poderes regionales. Así, por ejemplo, la educación, buena parte de las competencias en materia económica que afectan a la unidad de mercado, la sanidad, infraestructuras y las cuencas hidrográficas. De modo que, como bien dijo Rosa Díez durante la investidura de Zapatero, estamos ya en la ruptura de España, es decir, en la quiebra efectiva de la igualdad jurídica de todos los españoles justo ahora que tenemos, loado sea Dios, un Ministerio de Igualdad.
Que el Gobierno trasvase agua a zonas de España donde es necesaria, incluyendo (¡faltaría más!) Barcelona, me parece bien. Que al trasvase le quieran llamar de otra manera, me parece peor, pero no deja de ser el modo de soslayo y disimulado con que Zapatero suele hacer política. Ahora bien, que el Gobierno tenga que entregar las balanzas fiscales y que otras muchas zonas de España se queden sin el agua que también necesitan, me parece, sencillamente, de sepulturero. De estar preparando el nicho de esa España de hombres y mujeres libres e iguales.
