Rodríguez Zapatero ha llamado por teléfono al padre de Mari Luz, que además es militante del PSOE, para pedirle que confíe en él porque se depurarán las responsabilidades de quienes, por negligencia, consintieron que un pederasta condenado estuviera en la calle, impunemente, para matar a la pequeña onubense.
Sin duda este es un caso en el que se puede encontrar relativamente fácil a un culpable. Pero hay demasiados casos en los que el verdadero culpable es el actual sistema penal español, más interesado en proteger al delincuente que en restituir los derechos de la víctima. A eso, el progrevoguesismo ilustrado lo ha catalogado como derecho penal "garantista", olvidándose de algo tan elemental como que el derecho punitivo existe precisamente para garantizar los bienes jurídicos protegidos (la propiedad, la vida, los derechos personales y colectivos...) y no a quienes los pisotean o violan. España dispone de uno de los códigos penales más garantistas de todo el mundo y hoy, aquí, es bastante barato delinquir.
Esta perversión conceptual tiene, como es natural, su propio argumentario. Entre ellos, el más manido, es aquel en que se defiende nuestro extremo galantismo ante la eventualidad de que se produzca un error judicial que penalice a un culpable en apariencia que, en realidad, es inocente. Es eso de que se prefiere a cien culpables en la calle, antes que a un inocente entre rejas. Sin embargo, por cada error de este tipo hay muchísimos más en sentido contrario: el culpable está en la calle porque a alguien le ha entrado una duda mínimamente razonable o, todavía peor, porque no se ha cumplido escrupulosamente las formalidades del procedimiento jurídico (por ejemplo, la prescripción).
Otro de los argumentos esgrimidos es el de la reinserción de los criminales. Pero lo cierto es que, con independencia de que yo crea bastante poco en la reinserción, habida cuenta la experiencia que tenemos en este país, hay determinados delincuentes cuya reinserción no es factible en absoluto. Entre ellos, los violadores y los pederastas.
Nuestros partidos, da igual el color ideológico, han errado al confundir democracia y libertades públicas con el respeto a los criminales hasta límites inaceptables en relación con el derecho de las víctimas.
Hasta el punto de que si alguien propone, por ejemplo, que es necesario conceder cierta responsabilidad penal a los menores; o endurecer las penas para los delincuentes que reinciden; o que se debe expulsar a los inmigrantes que delinquen; o que ciertos delitos, entre ellos los de la categoría que protegen la libertad sexual y la vida (incluyendo aquí el terrorismo), debieran tener un tratamiento severo en cuanto a la asignación de sus correspondientes penas y estricto en el cumplimiento de las condenas respectivas; entonces una tropa de intelectuales progresistas se le echarán encima con todo tipo de descalificaciones, la más moderada de las cuales será la de colocarle la etiqueta de fascista.
Muy en el fondo del asunto, lo que nos encontraremos será el debate de quienes pretenden idear una sociedad ideal para cuya consecución es necesario subvertir los valores de la actual. Ese complejo de la izquierda, estúpidamente aceptado por el centro derecha, es el que late en un Código Penal denominado pomposamente "de la Democracia" y que, como dije en un artículo anterior, hace aguas por todas partes.
De ahí que en el caso Mari Luz, las responsabilidades administrativas podrán ser efectivamente depuradas. Las políticas, sin duda, no. De esas, además, nadie habla.
