Francia, sobre el papel uno de los países más ricos del planeta, reproduce ahora mismo en las calles de sus principales ciudades la estampa apocalíptica típica de esas revueltas urbanas de las famélicas masas desheredadas del Tercer Mundo que tanto suelen conmocionar a los plácidos telespectadores de Occidente a la hora del telediario. Son las familiares imágenes de los motines del pan en Túnez o de la incontenible ira popular ante el clásico programa de austeridad draconiano impuesto por el FMI a la también clásica república sudamericana en quiebra técnica. Pero resulta que el escenario del caos incendiario no son esta vez los suburbios marginales de Quito, Argel o Bangkok, sino el centro de París, a escasos metros de la mismísima Torre Eiffel. A estas horas, la muy orgullosa República Francesa está ardiendo en llamas por los 2,9 céntimos en que, a partir del próximo 1 de enero, se incrementará el precio del litro de la gasolina sin plomo de 95 octanos. Estamos hablando, sí, de 2,9 céntimos. Y también de que, al igual que sucede en España, los impuestos sobre el carburante representan en torno al 60% del precio final que pagan los consumidores.
Por lo demás, no hace falta ser un genio de la sociología para intuir que el contrato social sobre el que se fundamenta el asentimiento de las grandes capas medias al sistema se tiene que estar tambaleando en el país vecino cuando decenas de miles de pequeños empresarios y de trabajadores autónomos, por norma los sectores más templados y sosegados del cuerpo social, se lanzan al asalto de la Bastilla por 2,9 céntimos. Macron, ese fotogénico producto de márketing que llegó prometiendo que iba a devolver a Francia la grandeur perdida solo con unas gotitas de liberalismo de manual y una pizca de keynesianismo, también de manual, no tardó mucho en tomar conciencia de que el origen último de la crisis profunda que arrostra el Hexágono, y desde hace ya casi un par de décadas, tiene mucho más que ver con el deficiente diseño del euro y del Tratado de Maastricht que con los pecados fiscales de los Estados que integran la Unión Europea. Hace ocho años, en 2010, Macron, que es mucho menos naif de lo que aparenta, siendo aún un alto directivo de la Banca Rothschild recibió el discreto encargo por parte del entonces presidente Sarkozy de elaborar un informe confidencial sobre la decadencia económica de Francia.
Aquel documento elaborado por un ignoto banquero recomendaba como objetivo insoslayable que la deuda del Estado se alejase cuanto antes del 100% del PIB (hoy, casi nueve años más tarde y con Macron en el Elíseo, es del 98,50%). El segundo objetivo irrenunciable que fijaba aquel papel era que el desempleo involuntario, que por entonces rozaba el 8%, bajase cuanto antes a la mitad (hoy alcanza oficialmente el 8,9%). Nadie se extrañe, pues, de que ahora mismo los principales euroescépticos del continente no estén ni en Londres ni sentados en el Consejo de Ministros de Italia, sino que formen parte del gabinete personal del presidente de la República Francesa. Euroescépticos como Jean Pisani-Ferry, su mano derecha en el Elíseo, que ha llegado al convencimiento absoluto de que donde en verdad hay que aplicar las famosas reformas estructurales es en Bruselas, no en París, en Roma o en Madrid. En el entorno de Macron están persuadidos de que no son posibles las salidas nacionales a la crisis de la Eurozona. Lo saben, pero mientras Alemania no dé su brazo a torcer, París seguirá ardiendo.