Socialista a fuer de cínico, aquel Tierno Galván que en vida se hiciera llamar "viejo profesor" decía que los programas tienen el fin de garantizar por escrito que jamás se cumplirán. Razón última acaso de que nadie los lea. De ahí que hoy no se eche en cara al Partido Popular que concurriese a las elecciones con uno en cuya página 177 figuraba el siguiente rasgo de humor negro:
Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.
Huelga decir, por lo demás, que en la lengua de Castilla "entre y por" los jueces significa única y exclusivamente por y entre ellos.
Mas nadie se extrañe de que haya vuelto a ocurrir lo mismo que cuando Aznar, esto es, que un Ejecutivo con mayoría absoluta rehúse cumplir su compromiso formal ante los votantes haciendo exactamente lo contrario de cuanto les prometió. Y es que, para la elite política, designar a los magistrados del Tribunal Supremo resulta algo tan normal y natural como nombrar la marca del güisqui que desean le sea servido por el camarero de turno. Con el CGPJ bajo el estricto control de los partidos, ningún togado verá amenazada, es cierto, su independencia. Pero sí los laureles de los más ambicionados destinos. Porque, bajo un sistema tal, nadie llega a Garzón, a Gómez Benítez, a Bacigalupo, a Bermúdez o a Pedraz sin revolcarse antes en el lodo del camino.
En su momento se nos dijo que se trataba de derogar el modelo judicial franquista. El problema es que nunca existió tal modelo judicial franquista. Durante la dictadura, la Justicia vino rigiéndose por el mismo patrón anterior, el propio de la República y de la Restauración, que no era otro, por cierto, que el clásico del liberalismo decimonónico. Sistema que presentaba una ventaja frente al llamado democrático que lo ha sustituido. Pues, con el de antes, al menos se sabía en qué consistía. Del nuevo, en cambio, apenas consta un único rasgo: el firme, obsesivo propósito de arrasar la independencia de los altos tribunales. Con ese objetivo fue ideado el CGPJ. Aunque, hasta el desembarco de Gallardón en el ministerio, al menos se respetaban las normas de la más elemental hipocresía a la hora de los nombramientos. A partir de entonces, ni eso. Que Dios conserve a Montesquieu en su gloria.