Podemos, su grupo parlamentario, parece que ya ha decidido cerrar filas con la bancada de la derecha para impedir el paso a un gobierno del cambio en España. Diríase que la suya es una apuesta por el cuanto peor mejor, legítima por lo demás. Legítima, sí, pero también errada. Porque algunos dirigentes de Podemos quizá resulten ser eso tan impreciso y difícil de definir con cierto rigor que llaman chavistas. Quizá sí, digo. Pero lo que está meridianamente claro es que el electorado del partido de Iglesias nada tiene que ver con los desarrapados de los cerros más marginales de Caracas que todavía quieren creer en Maduro. Aquí y ahora, Podemos es el partido del precariado. Sus apoyos proceden, sobre todo, de esa población joven, urbana, formada y con mentalidad de clase media que vio frustradas sus expectativas vitales tras la irrupción de la Gran Recesión en 2008. Quienes les votan de modo masivo son los que perdieron su plaza en el ascensor social, y acaso para siempre, por aquellas fechas.
Y pensando en esa gente, muy específicamente en esa gente, se ha redactado el grueso del programa socio-económico del bloque del centro que apoya la investidura de Pedro Sánchez. Por eso, a Iglesias le va a resultar muy difícil justificar ante su base sociológica el alineamiento táctico de Podemos con el partido de la austeridad, la contrarreforma laboral y los recortes sociales. Pero lo que más le va a costar justificar, y ante sí mismo en primera instancia, es la renuncia de su grupo a que Cataluña tenga la oportunidad de pronunciarse, vía referéndum vinculante, sobre el marco constitucional bajo el que desea regirse. Porque el referéndum, gran obsesión programática tanto de Colau como de Iglesias, solo tiene un único encaje posible en nuestro marco jurídico. Uno y solo uno. Cualquier otra hipótesis, resulta ocioso repetirlo, se situaría extramuros de lo factible sin desgarrar las costuras de la Carta Magna. Y esa única puerta legal es, justamente, la que acaba de entreabrir Sánchez con su compromiso de promover una modificación inmediata de la Constitución. Pero ellos van y se oponen.
¿Qué quieren, pues, los de Podemos? ¿Desean seguir fantaseando ad calendas graecas con una consulta de autodeterminación que saben mejor que nadie que jamás se podrá celebrar? ¿O tal vez andan pensando, si bien no lo quieren verbalizar en público, en la fórmula del artículo 92, el que reza literalmente que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". ¿Habría que aclararles, si tal fuera el caso, que ese "todos" incluye a los cuarenta y siete millones de ciudadanos españoles? Amen, claro, del otro agravante añadido que recoge su enunciado. Porque el 92 solo contempla votaciones consultivas, en ningún caso vinculantes. Si en serio postulan un referéndum que abra un cauce de expresión política al sector soberanista de la sociedad catalana, no hay otra vía en el mundo de la realidad al margen de la que hoy se les ofrece. No la hay y saben que no la hay. Cosas veredes: no es Madrit sino Pablo Iglesias quien les impide votar.