"¿A qué demócrata le da miedo el derecho a decidir?", acaba de preguntarse Artur Mas justo antes de anunciar que, de grado o a la fuerza, todos los púberes catalanes irán derechitos a la inmersión preceptiva tal como acontecía con el difunto tripartito. A ese propósito, el del libre albedrío nacional, alguna otra vez se ha insistido aquí en lo errado de creer que el catalanismo canónico pretenda la independencia de Cataluña. Muy al contrario, lo que en verdad postula no es la independencia sino el independentismo, que, en el fondo, viene a ser la condición necesaria y suficiente con tal de que la efectiva secesión real no se llegue a consumar nunca.
A fin de cuentas, una Cataluña separada de España supondría, de entrada, la ruina económica cierta para sus filantrópicos promotores. Eventual quebranto metafísico del que la recua de Garibaldis de salón que rodea a Mas resulta ser perfectamente consciente. Pues, aunque en ocasiones semeje cosa distinta, la condición de probo nacionalista ni mucho menos lleva asociada la tara de la idiocia. Así las cosas, al catalanismo ortodoxo solo le resta continuar recitando ad aeternum la dichosa copla del derecho a decidir. De ahí, por cierto, la rutinaria solemnidad con que Mas se ha aprestado a seguir dándole vueltas a la noria de la "transición nacional" durante el discurso de investidura.
Tediosa tautología, ésa del derecho presunto a decidir, que, una vez desnuda de la quincalla retórica al uso, remite a un bucle semántico. A saber, el puro absurdo de que a Cataluña le asiste la prerrogativa de verse soberana porque es una nación. Y es que si posee tal derecho precisamente por tratarse ya de una nación antes de que nadie haya decidido nada, ¿qué valor tendría el resultado de un referéndum al respecto? ¿O acaso el etéreo espectro que responde por Cataluña dejaría de constituir una nación solo porque los vulgares mortales llamados a consulta optasen por mantenerla unida al resto de España, tal como hicieron al ratificar la Constitución de 1978? En fin, collonadas bizantinas al margen, sépase que a día de hoy el titular único del derecho a decidir no es otro que el Partido Popular, en cuyas manos reside la coronación del hereu. Poncio Pilatos, entonces, tiene la palabra.