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El 'Duce dels Països Catalans'

Docena y media de probos padres de familia separatistas podrían acabar con sus muy soberanistas huesos en la cárcel complacen al Payés Errante.

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Carles Puigdemont y su inseparable Elsa Artadi | EFE

Esa muy obcecada pretensión del Payés Errante por ser investido in phantasma como máxima autoridad del Estado (español) dentro de las muy precisas y acotadas lindes de la región catalana solo tiene, que yo sepa, un precedente conocido en la era contemporánea: el del Mulá Omar en Afganistán. Recuérdese que, a fin y efecto de legitimarse como supremo mandatario de aquellos montes y planicies, el jefe de los talibanes también decidió convocar una magna junta de notables de las tribus, algo no demasiado distinto a esa asamblea de tres o cuatro mil cargos electos a la que ahora apela el ido Puigdemont, para luego hacerse cubrir con el manto presunto de Mahoma ante todos ellos. Pero lo que nunca se le pasó por la cabeza ni tan siquiera al propio cap de colla de los otros talibanes fue eso de designar a un florero para que ocupase su sillón vacante mientras él vagaba con su Vespino célebre por la frontera con Pakistán. Eso solo se le ha ocurrido al Papa Luna de Bruselas. Pero querer proclamarse Duce dels Països Catalans reuniendo a unos miles (¡miles!) de concejales, para más inri oriundos en su gran mayoría de remotas aldeas de la Tractoria profunda, en Bruselas –o en Disneylandia, tal como dice el negro que ahora le escribe los gags a Inés Arrimadas–, supone asunto que plantea algo más que algún pequeño contratiempo administrativo.

Y es que hay a estas horas algo así como una docena y media de probos padres de familia separatistas que podrían acabar con sus muy soberanistas huesos en Estremera o en Soto del Real en caso de empecinarse en llevar a la práctica esa fantasía solipsista del Payés Errante. Porque, entre otros inconvenientes procesales, ocurre que la Ley de la Presidencia de la Generalitat, huelga decir que una norma catalana aprobada por el Parlament, exige para su eventual modificación de una mayoría cualificada de 90 votos sobre 135, los escaños totales que hay en el hemiciclo del Parque de la Ciudadela. Y esa mayoría, hoy por hoy, está lejos del alcance del bloque separatista. Al punto de que ni contando con el sufragio de los adanistas de Colau podrían siquiera rozar los 90 votos necesarios. Ergo, cualquier conato de chanchullo leguleyo para investir al prófugo en Barcelona implicaría la previa comisión de varios delitos tipificados por parte de los diputados que se prestasen a participar en la comisión correspondiente.

Diputados que, con Torrent a la cabeza, podrían acabar en la cárcel. Porque la cuestión es muy simple. La Ley del Presidente de la Generalitat, más allá de que exista un mandato expreso al respecto por parte del Tribunal Constitucional, exige al tácito modo que la investidura sea presencial. Y resulta que esa ley no se puede modificar so pena de incurrir en un supuesto penal tipificado. En consecuencia, todo conato parlamentario de reconocimiento, incluidos los simbólicos, de la persona de Puigdemont como presidente legítimo de Cataluña está abocado al fracaso, primero, y al patio de Estremera, después. En desolador resumen (para ellos), si Torrent y el resto de la Mesa del Parlament no quieren terminar haciendo compañía a los Jorges y al Oriol solo les queda una única vía: abstenerse de acusar recibo de cuanto haga o deje de hacer el Mulá Puigdemont en esa asamblea bruselense de la Unió de Pagesos Karlistas y proponer a un candidato limpio de polvo y paja para ocupar el cargo. Alguien que, por cierto, no va a ser chica tan risueña y pizpireta, Artadi. Pero de eso escribiremos mañana.

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