Iglesias y Errejón, las dos confluencias más visibles de los golpistas catalanes en la Meseta, ya han empezado con la cantinela del indulto. Pero no serán los únicos. Seguro que no serán los únicos. Aunque para eso habrá que esperar a que pase el 10 de noviembre. Y es que a los golpistas catalanes ya solo los puede librar de pasarse los mejores años de sus vidas en la cárcel o el mismo Tribunal Supremo que los acaba de sentenciar (es la última instancia decisoria sobre un eventual tercer grado anticipado) o el Gobierno de la Nación por esa muy concreta y exclusiva vía, la del indulto. Nadie más. Y como el Supremo no los va a soltar, el mal llamado "derecho de gracia", una herrumbrosa antigualla jurídica procedente de los tiempos de las monarquías absolutas, que recibían su legitimación última del designio divino, está llamado a convertirse en objeto de debate cotidiano en la política española de aquí en adelante. Nadie lo dude.
Porque, tras los tontos útiles de Madrid, llegará raudo el compañero Iceta, que será el primero de una larga lista de enternecidas plañideras evangélicas. Tampoco nadie lo dude. De ahí lo muy perentorio de reformar cuanto antes la norma legal que lo regula, un texto, el aún hoy vigente, redactado nada menos que en 1870. Imperativo, el de esa reforma urgente, para cuya consumación ni tan siquiera haría falta una iniciativa parlamentaria, pues, y desde el mes de noviembre de 2016, ya existe en las Cortes una proposición de ley del Grupo Socialista en ese sentido. Proposición inspirada por el abogado del Estado Jesús López-Medel que desde aquel entonces está siendo sometida a continuos periodos de prórroga. Una nueva Ley del Indulto que, para empezar, tendría que adoptar el rango de ley orgánica, dado que en ella se contemplaría la regulación derechos fundamentales.
En ese sentido, la disonante excepción que la figura del indulto introduce en el principio constitucional de la división de poderes, al hurtar el Ejecutivo una función propia del Judicial, debería regularse, tal como el proyecto redactado por López-Medel contempla, reforzando el protagonismo y las competencias de jueces y magistrados en el proceso todo de tramitación de los expedientes. Por ejemplo, otorgando al Tribunal Supremo la facultad que ahora recae en el Ministerio de Justicia para proponer al Consejo de Ministros los candidatos a beneficiarse de esa figura. O, también por ejemplo, estableciendo el carácter vinculante de los informes previos emitidos por los órganos judiciales sobre la idoneidad de cada caso. La proposición del Grupo Socialista igual contempla la exclusión de determinados delitos, entre los que se podría incluir los de sedición y rebelión, que resulten socialmente reprobables. Otro elemento insoslayable de la nueva regulación tendría que ser, en fin, el de la exigencia legal de la motivación razonada por parte del Ejecutivo para conceder las excarcelaciones. Es urgente. Muy urgente. Lo es porque será la única manera de pararlos. Tanto a los golpistas como a las confluencias. Por eso el Congreso no puede permitir que esa proposición de 2016 siga durmiendo el sueño de los justos entre prórroga y prórroga. ¿Despertarán?