En el Reino de España, en teoría una democracia liberal, ocurre que todos los partidos que integran el arco parlamentario menos uno, Ciudadanos, se han manifestado radicalmente contrarios al principio primero que define a todas las democracias liberales desde hace un par de siglos, esto es, la estricta separación teórica, formal y real entre los poderes ejecutivo y judicial. Así, más del ochenta por ciento de los diputados y senadores del Reino de España se han confabulado de nuevo, y ya por enésima vez, para suprimir cualquier vestigio de autonomía con respecto al poder político de los miembros de los más altos tribunales de la nación. Esa genuina cruzada contra la democracia liberal encabezada por los autoproclamados valedores de la democracia liberal dispuso en su día de una enclenque coartada intelectual, enclenque pero coartada al fin y al cabo, en su flanco izquierdo. Es sabido que desde el PSOE y sus confluencias se argumentaba que el muy singular sesgo sociológico de los opositores a la carrera judicial, en extremo conservador según una presunción carente de más soporte argumental que el derivado del prejuicio mismo, justificaría la intromisión del poder Ejecutivo en la selección y promoción de los candidatos a ocupar los puestos clave de la judicatura. Sería peregrina, pero era su coartada.
Quienes no tenían entonces ni tienen ahora racionalización alguna para justificar lo injustificable de su proceder en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial son los presuntos liberales del presunto partido de la derecha española. Salvo que el PP también considere en la intimidad que los jueces son todos de derechas de nacimiento, y que esa tara congénita procede corregirla con el preceptivo mercado persa de los despachos de los partidos. En cualquier caso, eso sería en la intimidad. Porque de hacer caso al programa electoral con el que el Partido Popular alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados tras la hégira de Zapatero, y en concreto a lo que se decía en la página 177 de aquel contrato de adhesión propuesto por la organización ahora de Pablo Casado a los españoles, la opinión oficial de esa formación sería la siguiente: "Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías".
Huelga decir que al Gobierno de Rajoy, sin necesidad de pactar con nadie la puesta en marcha de ese compromiso dada su preeminencia numérica en las Cortes, le faltó tiempo en su día para hacer todo lo contrario. O sea, para no hacer nada y mantener así el sistema de subasta de pescado hoy vigente. Desengañémonos, pues. Porque no es un problema de lo que opinen ahora Pedro o los Pablos. El problema, el profundo, es que desde hace más de treinta años la mayoría aplastante de los representantes electos de la soberanía nacional se ha conchabado para enterrar el primer y principal fundamento filosófico de la democracia liberal. Y lo han conseguido. Vaya que sí lo han conseguido.