A mediados de 2010, hace ya la friolera de once años y unos cuantos meses, ¡once años y unos cuantos meses!, el Tribunal Constitucional del Reino de España emitió una sentencia, huelga decir que de obligado cumplimiento teórico como todas las suyas, en la que a propósito de las ilegalidades reiteradas cometidas por la Generalitat de Cataluña en su afán de prohibir el uso efectivo del idioma oficial del Estado dentro del ámbito institucional de las cuatro provincias bajo su administración, se podía leer lo siguiente:
"Las Administraciones públicas no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales [dentro del ámbito autonómico]. Eso rompería el equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que, en ningún caso, deben tener un trato privilegiado. Solo los particulares pueden preferir una u otra de ambas lenguas. Y hacerlo, además, en perfecta igualdad de condiciones, lo que excluye que quienes prefieran el castellano hayan de pedirlo expresamente".
Voy a repetir esa última frase extractada de la sentencia del Constitucional emitida en 2010 por si me está leyendo algún miembro del Gobierno de la Generalitat y no la ha entendido bien a la primera. Repetimos, pues: "Lo que excluye que quienes prefieran el castellano hayan de pedirlo expresamente". Por lo demás, hace, sí, once años y unos cuantos meses de la primera emisión de ese glorioso trozo de papel mojado. Si bien el genuino problema de la definitiva impotencia del Estado frente a la muy contrastada deslealtad institucional de los separatistas con mando en plaza, esa deslealtad impune que les permite saltarse a la torera igual sentencias de los jueces que leyes emanadas del Parlamento, no resultan ser las autonomías.
A fin de cuentas, la descentralización regional y la existencia de estados compuestos es un fenómeno muy común en los países de nuestro entorno, países en los que semejarían sencillamente impensables ese tipo de insubordinaciones de facto. Y es que en los estados federales, verbigracia Alemania, las leyes habilitan a la autoridad central para impartir instrucciones de obligado cumplimiento a las administraciones regionales. Por eso, en la muy republicana, descentralizada, democrática y federal Alemania, el consejero de Educación de la Generalitat ya estaría a estas horas depuesto de su cargo por el Canciller Federal. Y, en caso de empecinarse, caminito de la cárcel. Suerte tiene de ser todavía español.