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José García Domínguez

La cláusula Camps

De las temblorosas manos de María Emilia Casas depende, entonces, que las tres provincias se transmuten en flamante nación; asuman al fulminante modo esos arcanos derechos atávicos de Cataluña que, por lo demás, aún nadie ha acertado a precisar.

Un Serafín Castellanos, consejero áulico de Camps, acaba de anunciar al mundo que "no vamos a renunciar a un solo derecho que se le otorgue a otras comunidades en detrimento de los valencianos". En consecuencia, de creer a Serafín, no habrá pequeña necedad, suprema tontería o flagrante aberración cometida en estatuto alguno que Valencia no vaya a hacer suya más pronto que tarde. Tal que así, el Gobierno de Camps amenaza con poner en marcha la cláusula ídem ya mismo. En fin, que se vayan preparando, sin ir más lejos, en Andalucía.

Porque si la "investigación, promoción, difusión y conocimiento del cante flamenco" eran competencia exclusiva de la Junta, ahora Valencia reclamará su legítimo derecho a legislar sobre el arte jondo, el zapateado y los lunares de las batas de cola. ¿Y qué decir de las aguas del Tajo, un río que como nace en Aragón y muere en Lisboa, es propiedad de Castilla-La Mancha, según ordena, taxativo, su nuevo Estatuto? Bueno, o eso seguirá creyendo Barreda mientras Camps no se anime a asignarle un nuevo cauce por decreto.

Ya lo ha advertido muy en serio Serafín: "No vamos a renunciar a un solo derecho...". Así que sosiéguense los alicantinos, porque no habrán de continuar mirando con envidia hacia el norte. Merced a Camps, ese fuero inalienable que el Estatut regala a los catalanes, el que según memorable redactado les concede "gozar de los recursos del paisaje en condiciones de igualdad", pronto será suyo también. Pues es sabido que cuanto decida el Tribunal Constitucional para Cataluña, al punto, será de perentoria aplicación en Valencia. 

De las temblorosas manos de María Emilia Casas depende, entonces, que las tres provincias se transmuten en flamante nación; asuman al fulminante modo esos arcanos derechos atávicos de Cataluña que, por lo demás, aún nadie ha acertado a precisar; clonen idéntica financiación cantinflesca, esto es, específica aunque genérica, diferenciada pero común y particular si bien ordinaria; expulsen ipso facto al defensor del Pueblo (español) más allá de la frontera con Murcia; y acaben presto con el teórico bilingüismo que aún regía en el mojado papel de la Ley, tal como han hecho los barandas del tripartito, sus nuevos amiguitos del alma. Un traje a medida, que diría El Bigotes.

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