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La (enésima) sentencia

Impunidad, la de los catalanistas, que en última instancia se ampara en la doctrina golpista de Tejero. "Obediencia debida" llamaban cuando el 23-F a la coartada de la soldadesca levantisca.

José García Domínguez
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Es sabido, igual el cumplimiento de las leyes que el acatamiento a los veredictos de jueces y magistrados constituyen asunto facultativo en la ínsula Barataria de Artur Mas; una opción, como dicen ahora los cursis. Así, con cansina indiferencia, el presidente de la Generalitat acaba de remitir a la papelera la enésima sentencia del Supremo que ordenaba no proscribir el uso docente del idioma español en las aulas. Sentencia innecesaria, por lo demás. Y ello porque los dictámenes del Tribunal Constitucional son vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos: jueces, parlamentos, Gobierno y, por supuesto, administraciones autonómicas varias.

No hace falta ninguna resolución judicial a fin de que se cumplan los fallos del TC. Ninguna. Sobra por ocioso, pues, cualquier pronunciamiento redundante de instancia alguna tras el veredicto firme del Alto Tribunal a cuenta de la reforma del Estatuto de Cataluña. Recuérdese al respecto la literalidad del mandato del Constitucional sobre las lenguas propias e impropias: "Las Administraciones públicas [...] no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales". Eso rompería el "equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que, en ningún caso, deben tener un trato privilegiado [...] Solo los particulares pueden preferir una u otra de ambas lenguas. Y hacerlo, además, en perfecta igualdad de condiciones [...], lo que excluye que [...] quienes prefieran el castellano hayan de pedirlo expresamente".

Una exigencia que no únicamente alcanza a los pupitres sino que apela al universo institucional todo, empezando por los impresos municipales y acabando por las multas a los tenderos de barrio insumisos. Imperativos, los de nuestro orden legal, que hasta los testaferros del hacha y la serpiente se pliegan a cumplir. A regañadientes, sí, cerdeando, sí, pero al menos cubren las apariencias. He ahí, sin ir más lejos, la Ley de Banderas. Una norma que las máscaras institucionales de ETA aplican frente al altivo desacato de los nacionalistas presuntamente moderados de CiU. Impunidad, la de los catalanistas, que en última instancia se ampara en la doctrina golpista de Tejero. "Obediencia debida" llamaban cuando el 23-F a la coartada de la soldadesca levantisca. Proceda de una vez la Fiscalía contra maestrillos dados a la insubordinación, profesores-inmersores y demás peones de brega de los insurrectos. Obediencia, solo a la Ley. 

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