El genuino cáncer de España, Cataluña, suma hoy 5,5 millones de electores censados en sus cuatro provincias, lo que, dada la actual configuración numérica del Congreso, implica que cuarenta diputados nacionales están adscritos en cada legislatura a esas circunscripciones montaraces. Y de ellos la mitad, grosso modo, resultan ser por norma separatistas convictos, todos afectados sin excepción de idéntico nivel de asilvestramiento cerril tras la frustrada asonada de octubre. Desgracia que acaso podríamos arrostrar con alguna resignación si no fuese porque está llamada a provocar el bloqueo, la inviabilidad misma de nuestro sistema de representación política. Y es que con los catalanistas, el vía crucis crepuscular de Sánchez lo ha acabado de demostrar, no se puede hacer nada. Pero sin ellos tampoco nada se puede hacer. El punto de no retorno al que nos aboca el definitivo requiebro insurgente del catalanismo lleva a una situación en la que resulta imposible la alternancia política en España, que es la genuina base de toda democracia. Y ello por una razón aritmética simple, a saber, porque con un Congreso de 350 diputados la izquierda únicamente puede gobernar contando con la connivencia, expresa o tácita, de los veinte electos separatistas. Sin esos veinte aliados permanentes, simplemente, no le salen los números. Así las cifras, con Sánchez o sin Sánchez, estamos abocados a que la izquierda sea rehén del nacionalismo catalán de modo crónico. A no ser, claro, que el PSOE renuncie de grado a la posibilidad teórica de gobernar para siempre jamás, escenario harto improbable.
Pues tampoco resulta verosímil que Ciudadanos llegue a convertirse en el apéndice rutinario que, dado el nuevo panorama de fragmentación estructural, sirva de palanca a los socialistas a fin de poder alcanzar la Moncloa. Eso únicamente devendría posible tras un eventual derrumbe histórico del Partido Popular equiparable al que sufrió en su día UCD. Desastre apocalíptico que difícilmente va a ocurrir de nuevo. Porque los resultados del nuevo PP de Pablo Casado van a ser muy malos, algo que nadie duda en privado, pero no tan malos como para que el partido tradicional de la derecha española resulte superado en escaños por los de Rivera. Y Ciudadanos nunca va a poder estar por encima de setenta u ochenta diputados sin que al tiempo el PP se venga abajo de modo estrepitoso. Nunca. Y sin alcanzar ese umbral crítico, una coalición de gobierno a dos con el PSOE no resulta factible. En inevitable consecuencia, solo una alteración legislativa del régimen electoral que permita liberar a la izquierda de la hipoteca separatista en las Cortes podrá desbloquear el horizonte. Una reforma, por cierto, que debería estar diseñada con la suficiente inteligencia política como para evitar que esa mitad de la población de Cataluña que ahora mismo quiere irse de España siga pensando lo mismo dentro de veinte o treinta años. Y poner barreras artificiales para impedir que los separatistas puedan tener representación en las Cortes solo nos llevaría a que creciese aún mucho más la desafección y el victimismo en Cataluña.
La solución no pasa por prohibir que la realidad de Cataluña se traduzca en escaños en la Carrera de San Jerónimo. Como tampoco pasa por seguir castigando a los tres partidos medianos –Ciudadanos, Podemos y Vox– en las muchas provincias vacías de la España profunda, allí donde el reparto de escaños se realiza en la práctica por el sistema mayoritario, lo que deja sin representación en casi todas ellas al tercero en discordia. Hay alternativas a eso. Y no muy difíciles, por cierto. Recuérdese que la Constitución dice que el Congreso de los Diputados estará formado por un número de escaños que podrá oscilar entre un mínimo de 300 y un máximo de 400. En su día, se decidió por ley que fuesen los 350 actuales. Pero nada impediría (salvo la consabida tentación demagógica y populista a cuenta de los sueldos y los coches oficiales) que se elevase su número a 400. Un incremento de 50 escaños (uno más por provincia) que, amén de introducir elementos de proporcionalidad en las pequeñas circunscripciones de las demarcaciones más despobladas, diluiría el peso relativo de los diputados separatistas en la Cámara, haciendo posible la configuración de mayorías parlamentarias no sometidas al chantaje permanente de los sediciosos. Se puede hacer y sería sencillo. Solo hace falta voluntad.