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José García Domínguez

Las autonomías no son el problema

Un Estado federal como el nuestro mal puede tolerar revisiones profundas. Salvo, claro está, que el ideal de la derecha sea habilitar a Rubalcaba a fin de que nombre un gobernador civil de Madrid, previa disolución de la Comunidad.

José García Domínguez
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Al solemne modo, como si de un muy grave pronunciamiento se tratase, Mariano Rajoy acaba de reclamar la "revisión profunda" del Estado de las Autonomías con el hondo argumento político de que no puede haber tres negociados distintos para sellar no sé qué póliza. Pues, al parecer, el drama que pone en solfa el porvenir mismo de la nación española es ése: la redundancia administrativa con tal de cumplimentar determinados impresos o compulsar ciertas fotocopias. Se nota que don Mariano no ha leído ni a Galdós ni a Wittgenstein. En caso contrario sabría por el primero que el asunto de las oficinas inútiles –y los inútiles en las oficinas– requiere una "revisión profunda" no del Estado de las Autonomías, sino de la Historia de España. Y por el segundo, hubiera acusado recibo de que de lo que no se puede –o no se quiere– hablar, lo mejor es no decir nada.

Porque, una vez en funcionamiento, un Estado federal –y el nuestro no es otra cosa– mal puede tolerar revisiones profundas. Salvo, claro está, que el ideal de la derecha sea habilitar a Rubalcaba a fin de que nombre un gobernador civil de Madrid, previa disolución de la Comunidad y el traspaso de todas sus competencias al Ministerio del Interior. Lo que requiere el modelo, sin embargo, no son aparatosas cirugías, sino una pizca de sensatez, apenas eso. Por ejemplo, que las lenguas domésticas no se transformen barreras invisibles contra la unidad de mercado. Un empeño, ése, para el que Rajoy no necesitaría montar ningún zafarrancho legislativo plagado de grandilocuentes proclamas retóricas, sino algo tan simple como que sus barones pedáneos, empezando por Feijóo y Camps, le hiciesen caso. Un poco, al menos.

Por el contrario, quien sí pide a gritos una revisión radical es la deriva partitocrática del orden constitucional. El desmantelamiento deliberado de la función pública; la impune patrimonialización de las administraciones; la maraña inextricable de redes clientelares siempre prestas al reparto del botín estatal, ya sea bajo la forma de subvenciones, contratas, concesiones o cualquier otra modalidad de rapiña... La usurpación de la soberanía por parte de las maquinarias partidistas y sus séquitos privados, ése es el genuino problema institucional del país, y no las autonomías. A gritos, don Mariano, a gritos.

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