Mariano Rajoy, el responsable único de que dentro de veinte días vayamos a tener un nuevo Gobierno separatista en la Generalitat, es la prueba viviente de que el conocimiento de la Historia no sirve para nada. Hace ya, ¡ay!, cuarenta años, cuando un ambicioso falangista de Ávila recibió el encargo real de demoler el apolillado andamiaje institucional de la dictadura, la cosa salió razonablemente bien porque Suárez, por lo demás un perfecto ignorante de todo cuanto tuviese que ver con Cataluña (en su primera entrevista en la prensa sobre la cuestión declaró no creer posible que se pudieran enseñar matemáticas usando la lengua vernácula), tuvo, sin embargo, la clarividente lucidez de enfrenar entre sí a los catalanistas. Aquello fue determinante. Porque no sabemos cómo hubiera acabado su delicadísima operación de cirugía, la de desmantelar desde dentro un régimen cuya cúpula rectora toda había estado implicada de forma personal en una carnicería sangrienta cuyas cuentas pendientes de saldar aún no se habían olvidado, si el catalanismo, ese cáncer crónico que arrostra España, hubiese actuado como siempre suele. Como ahora mismo, sin ir más lejos.
Suárez, hombre de formación intelectual somera pero dotado con la intuición natural propia de los estadistas, acertó desde el principio al enfrentar a Tarradellas, una vieja gloria ornamental que guardaba las esencias simbólicas de la legitimidad mítica en el exilio, con, sobre todo, Pujol. Propiciado con habilidad maquiavélica desde la Moncloa, el choque frontal de aquellas dos ambiciones desmedidas, la del viejo que no se quería ir y la del caudillo emergente y en la plenitud de la vida que pugnaba por llegar, acaso salvó a España de volver a repetir por enésima vez un tránsito traumático y violento entre órdenes políticos contrapuestos. Sin duda improvisada sobre la marcha, aquella gran lección que entonces nos impartieron los franquistas inteligentes encargados de enterrar el franquismo, la de que la división interna del nacionalismo catalán siempre redunda en beneficio de la estabilidad de España, la ha olvidado ahora Rajoy. Y es que, salvadas las distancias, hoy sería posible repetir una operación similar apelando a las pequeñas miserias narcisistas de ese otro par de egos desmedidos, los del Payés Errante y Junqueras.
Pero con su torpeza infinita, Rajoy lo ha impedido tras abstenerse de recurrir ante el Constitucional la delegación del voto de Puigdemont (y de Comín) aprobada por la Mesa del Parlament. Un recurso del Gobierno hubiese supuesto la suspensión automática de esa decisión. Algo que habría dejado en minoría a Junts per Catalunya (sin los votos válidos de Puigdemont y Comín y contando con la decisión de abstenerse de la CUP, se quedarían en 64 escaños, frente a los 65 que suman todos los demás grupos). No habría, pues, Gobierno separatista posible. Pero Rajoy se ha empeñado en que sí lo haya. Y para eso ha propiciado de modo tácito la entente de última hora entre ERC y los karlistas de la lista del Payés. Suárez los dividió para vencer y Rajoy los une para ir tirando una temporadita. Una temporadita que ni siquiera llegará a un año. Porque ese Gobierno separatista que Rajoy se ha empeñado en alumbrar tiene ya fecha de caducidad: el 6 de junio de 2019. Ese día se celebrarán en España tres elecciones simultáneas (las municipales, las europeas y las autonómicas en doce comunidades). Y los cabecillas del golpe de octubre, nadie lo dude, pretenderán presentarse a las europeas a fin de eludir la cárcel y, de paso, hacer todo el ruido posible fuera de España. Por tanto, se antojará imprescindible que la sentencia llamada a condenarlos –e inhabilitarlos– se emita antes de ese muy preciso día. Instante procesal en el que, tampoco nadie lo dude, los que ahora van a tomar posesión de la Generalitat en nombre de los jefes del golpe procederán a disolver otra vez el Parlament como signo de protesta frente al autoritarisme de l´Estat. La preceptiva antesala agitativa previa a la convocatoria de otros comicios plebiscitarios. Y vuelta a empezar.