En periódico tan poco sospechoso de entusiasmos españolistas como La Vanguardia acuso recibo de que apenas un 23% de los catalanes se muestra a estas horas proclive a solventar por la vía de un referéndum el conflicto que enfrenta a algo menos de la mitad de los habitantes de su territorio con el resto de España. A todos los demás censados en la demarcación, si bien con distintos grados de intensidad, lo del referéndum parece que más bien nos resbala. No obstante, al Gobierno de España le preocupa, y en extremo, el desasosiego nacional que padece la minoría independentista de Cataluña. Una patología, la de los separatas, que le debería inquietar menos si se fijara en la estructura crónica de los resultados electorales en las cuatro provincias. Los separatas, es sabido, insisten con esa pesadez bovina que les es tan propia, en que nada menos que un ochenta por ciento de los catalanes, ocho de cada diez, quiere a toda costa el referéndum. Pero es una trola.
Repárese, de entrada, en lo rarito de que, ansiando la autodeterminación la presunta inmensa mayoría, el partido que ganaba antes las elecciones, Ciudadanos, y el partido que las gana ahora, el PSC, ambos, resulten ser contrarios al asunto. Y recuérdese acto seguido que cuando Artur Mas cometió - con nuestro dinero- la llamada consulta el 9-N, ilegalidad germinal en la que la fuerza pública no intervino, únicamente votó un 30% raspado. Los demás pasamos olímpicamente del tema. Aquí, en Cataluña, cuando la gente decide ir a votar, algo que sólo ocurre muy de tarde en tarde, resulta que los contrarios a la secesión ganamos siempre. Y si la mayoría hostil tanto al referéndum como a la independencia no logra gobernar es única y exclusivamente por culpa de una ley electoral que prima con descaro obsceno a las cabras del monte y a las plantaciones de peras limoneras frente a la gran aglomeración poblacional que se concentra en los municipios del área metropolitana que da forma a la Gran Barcelona. Esa es la puñetera verdad que el Gobierno se empeña en ignorar. Aquí no necesitamos ningún referéndum. Lo que aquí necesitamos es una ley electoral que respete de una vez el principio de un ser humano, un voto. Pero esa breva, ¡ay! no caerá.