Al igual que manejan a su antojo montones de cargos de confianza, de dirigentes sindicales o de periodistas, a los dos grandes partidos se les antoja lo más normal del mundo someter a su vigilante y estricta tutela también al grueso de los jueces que integran las plantillas del vértice de la pirámide judicial española. El que ese hábito consuetudinario deba, y por razón de meras apariencias formales, disfrazarse con toneladas y más toneladas de hipócrita retórica falsaria a cuenta de las virtudes de la irrenunciable independencia del llamado tercer poder del Estado, la cantinela manida de siempre, es otra historia. Pero lo sustancial es que, y bajo ningún concepto, los dos grandes partidos van jamás a renunciar a su derecho de pernada sobre los nombramientos judiciales.
Así las cosas, procede perder cualquier esperanza de que el acuerdo al que en algún momento habrán de llegar PSOE y PP vaya a modificar nada sustancial del actual statu quo. Y es que nada cambiaría el hecho de modificar en una nueva ley orgánica los porcentajes de votos requeridos para elegir a los miembros del Consejo. Y nada cambiaría el reforzar numéricamente esas mayorías por la muy contrastada y triste razón de que PSOE y PP, tal como vienen haciendo por norma desde hace lustros, seguirían apoyando a todos los candidatos propuestos por el contrario, siempre y cuando, huelga decirlo, el contrario se aviniese a consumar el chalaneo ratificando a su vez a los del teórico rival. Por esa vía, desengañémonos, no se va a ninguna parte.
Pero es que tampoco dejando los nombramientos en manos de las asociaciones de jueces nada arreglaríamos. En España, lo sabe todo el mundo, la sociedad civil es un cuento; eso no existe. Las asociaciones de jueces son, también lo sabe todo el mundo, los partidos disfrazados de lagarterana. Iríamos, pues, de Guatemala a Guatepeor. ¿Y quedaría alguna otra opción alternativa? Sí, quedaría una tercera vía, la que con absoluta seguridad rechazarían al unísono PSOE y PP. Hablo, acaso el lector ya lo haya adivinado, del único sistema, el único, capaz de garantizar la independencia real de los miembros del Consejo, a saber: la designación de todos ellos por sorteo.